La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el ámbito federal no existe algún asunto pendiente para ordenar la detención del empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, pero en Argentina violó su libertad condicional.
La dependencia indicó que la orden de aprehensión que existe en el fuero común, por el delito de fraude y que fue solicitada por el Gobierno de la Ciudad de México no puede ejecutarse porque un juez federal le otorgó al empresario un amparo.
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La FGR señaló que la información que se ha obtenido de Interpol Panamá y autoridades de Paraguay y Argentina es en el sentido de que Carlos Ahumada, violentó su libertad procesal en Argentina; y que, por lo tanto, fue regresado a dicho país para enfrentar la presunta violación a su situación legal, así como también por lo que toca a violaciones en materia migratoria en diversos países.
Ayer, MILENIO publicó que lo único que hay es un procedimiento de extradición a petición de las autoridades mexicanas.
Lo anterior, porque un juez federal de Argentina declaró homologado el delito de fraude genérico y otro igual en la modalidad de continuado y avaló su entrega a México a finales de diciembre de 2021.
Sin embargo, Carlos Ahumada impugnó la resolución y el asunto fue turnado a la Corte del mencionado país, misma que no se ha pronunciado.
Explicaron que la alerta de Interpol que ordena su localización y retención ha estado vigente por años, pero tras su retención en Panamá no fue reclamado por el gobierno mexicano.
En el fuero común existen algunas averiguaciones previas en su contra por presuntos delitos de fraude y de uso indebido de documentos, donde los agraviados son el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga.
Dichas indagatorias continúan en integración y no se han determinado, porque no se han agotado las diligencias.
El único temor fundado que puede tener el empresario, señalaron fuentes cercanas al caso, es el pronunciamiento de la Corte en Argentina, ya que se trata de un probable delito de fraude por más de 31 millones de pesos en agravio del patrimonio del entonces Gobierno del DF, debido al incumplimiento de obras en las entonces delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac, las cuales debió empezar en 2002 y concluir en 2005.
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