Hoy, Alan Daniel Rebolledo Segura comenzó a recibir buenas noticias, pero no está del todo satisfecho. Y no lo estará hasta que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México proceda contra las personas que actuaron ilegalmente para encarcelarlo.
Durante un año dos meses, Alan permaneció en el Reclusorio Preventivo Norte donde sufrió un atentado que casi le cuesta la vida; llegó ahí por un delito que no cometió.
El 5 de octubre del presente año, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a la empresa Instituto Audiológico Audiotech al pago de diez millones de pesos por el daño moral que le causó a Alan. Aunque la sentencia es definitiva, él tiene oportunidad de apelar para demandar un monto superior.
Alan Daniel fue contratado en 2010 por los hermanos Alejandro y Arturo Wladislavoski Shapiro, dueños de la compañía, donde en un principio laboró como vendedor de equipos de aparatos auditivos.
El conflicto surgió porque Rebolledo Segura fue despedido injustificadamente y el 15 de noviembre de 2012 demandó a Audiotech ante la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco.
Sin embargo, el 10 de julio de 2013, Pedro González Brito, representante legal de Audiotech, denunció ante el Ministerio Público a Alan por el presunto delito de robo agravado, iniciándose la averiguación previa FCH/CUH-7/T1/02239/13-07. Se alegó que robó al menos 14 aparatos auditivos.
El juzgado Trigésimo Quinto Penal ordenó la aprehensión de Alan y lo sentenció el 1 de octubre de 2014 por el delito de robo agravado.
Durante su encierro, fue apuñalado por la espalda, a la altura del pulmón derecho, frente a su mamá, agresión que, según él, fue ordenada por quienes lo acusaron falsamente.
El atentado derivó en las averiguaciones previas FGAM/GAM/1/T2/00789/14-04 y la FGAM/GAM/1/T2/1298/14-07, denuncias que fueron presentadas por la madre de Alan, quien buscó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de algunos líderes de partidos políticos, entre ellos de Gustavo A. Madero, entonces presidente del PAN.
La primera buena noticia para Alan llegó el 16 de febrero de 2015, cuando la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo absolvió del delito, dentro del toca 1478/2014.
Una vez liberado, Alan emprendió una batalla que no ha rendido del todo sus frutos, porque busca que se juzgue a las personas que actuaron ilegalmente en su contra.
Como primer paso, el 19 de mayo de 2015, la víctima denunció que Audiotech presentó testimonios y firmas falsas en su contra, por lo que solicitó el inicio de una averiguación previa por los delitos de fraude procesal, simulación de pruebas, y alteración o uso indebido de documentos.
En ésta pide actuar contra Pedro González Brito, Carlos Eugenio Barriga Espinoza, Adrián Osornio Chávez, Luis Gerardo Garduño Milan, Fidel Paulino Martínez, José Refugio Araiza Arredondo y la moral Instituto Audiológico Audiotech, a través de sus propietarios Arturo y Alejandro Wladislavosky Shapiro.
Por estos hechos, el 11 de septiembre de 2015 se inició la indagatoria FCH/CUH-7/T1/0425/15-06 ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc.
No obstante, el 22 de septiembre, Alan presentó un escrito manifestando su inconformidad, porque se trataba de la misma “autoridad que de forma imprudente y negligente” lo consignó por el delito que no cometió.
El 8 de abril de 2016, Ricardo Montoya Mendoza, agente del Ministerio Público, propuso el no ejercicio de la acción penal.
Ante esta propuesta, la Coordinación de Agentes del MP auxiliares del procurador, resolvió el 30 de junio del mismo año que se tenían que valorar todas las constancias.
Por la vía civil, Alan demandó por daño moral a Audiotech, misma que fue declarada procedente en primera instancia y confirmada en segunda instancia por la Quinta Sala de lo Civil del TSJCDMX.
El 27 de noviembre de 2015, Alan presentó un escrito dirigido a Oscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJCDMX, solicitando se realizaran las diligencias necesarias para integrar la AP FCH/CUH-7/T1/00425/15-06 la cual se encontraba en estudio por Ricardo Montoya Mendoza, en virtud de que se estaba “entorpeciendo” la indagatoria para proteger los intereses de las personas denunciadas.
El 16 de marzo de 2018 presentó otros escritos, uno de ellos a Guillermo Terán Pulido subprocurador de Averiguaciones Previas, solicitando se atrajera la AP “en virtud de la parcialidad con la que se conducía dicha autoridad al proteger los intereses de las personas denunciadas”.
Hoy, por la vía civil, Alan ya ganó su segunda batalla, pero dice que no se va a detener hasta que la PGJCDMX proceda contra los responsables de haberlo encarcelado.