“A mí me han preguntado que ¿cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta Tierra? Yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, la felicidad y el desarrollo, eso es a lo que aspiro. Yo nací en esta ciudad [...] aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad por mi municipio”, mencionó a Alejandro Arcos Catalán en un video que se viralizó tan solo unas horas después de que su cadáver fue localizado al interior de un vehículo en Chilpancingo, entidad que desde hace años padece los estragos de la presencia de al menos tres grupos delictivos.
Fue alrededor de las 17:30 horas del domingo 6 de octubre cuando vecinos de la colonia Villa Roble, ubicada al poniente de la capital guerrerense, reportaron a las autoridades que sobre la calle Moctezuma había sido abandonada una camioneta marca Volkswagen con una cabeza humana en el toldo. El resto del cuerpo se ubicó en uno de los asientos cubierto con una cobija.
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A tan solo siete días de haber tomado posesión, aquella tétrica escena frustró la intención que Alejandro Arcos Catalán tenía por hacer un cambio en Chilpancingo, además de evidenciar cómo la violencia se ha convertido en una constante en la región.
Alternancia política: detonante de violencia
Tres días antes de que Alejandro Arcos Catalán fuera asesinado, en el centro de Chilpancingo se registró un ataque armado que tuvo como víctima mortal a otro funcionario público: Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
El recién nombrado secretario general del Ayuntamiento fue interceptado por hombres armados que detonaron armas de fuego en su contra para posteriormente huir dejando su cadáver sobre la acera en la calle José María Morelos y Pavón.
Desde junio de 2023 y hasta los comicios electorales del pasado 2 de junio de 2024, la organización civil Causa en Común contabilizó un total de 36 aspirantes o candidatos a cargos públicos asesinados en México. De dicha cifra, el 31% contendía por Morena (más el 8% por el Partido Verde y el 6% del Partido del Trabajo) en tanto que el 42% lo hacía por la coalición opositora (PRI, PAN y PRD), el 8% por Movimiento Ciudadano y el restante a partidos locales. En el 92% de los casos se confirmó que pertenecían al ámbito municipal.
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Si bien los hechos hicieron de las pasadas elecciones una jornada marcada por la violencia, los crímenes en contra de actores políticos continuaron perpetuándose con el asesinato de tres candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, dos de ellos para la presidencia de sus municipios.
Meses después y con la reciente toma de protesta de diversos presidentes municipales electos -como lo fue el caso de Alejandro Arcos Catalán-, las agresiones en contra de actores políticos continúan y, en algunos casos, se ligan a las operaciones que grupos criminales mantienen en los respectivos estados o municipios en donde arrancarían su mandato.
Y es que, aunque serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero o incluso las de la propiaFiscalía General de la República (FGR) las que determinen si detrás del asesinato del alcalde de Chilpancingo se encuentra alguna célula criminal, desde periodos anteriores se encendieron las alertas sobre la posibilidad de que el crimen organizado extendiera sus tentáculos en el gobierno municipal de la capital guerrerense.
El ejemplo más recordado es un video que se difundió a través de redes sociales en donde se observó a la ex alcaldesa morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, sostener un encuentro con Celso Ortega, líder de Los Ardillos.
En aquella ocasión y ante la presión de la opinión pública, la ex alcaldesa de Chilpancingo confirmó la reunión, sin embargo, descartó que haya llegado a algún tipo de acuerdo con el jefe de una de las células criminales que se disputa el control de la capital guerrerense.
DATO:La visión sociológica del poder político y el criminal
En entrevista con MILENIO el Doctor en Sociología, Luis Astorga, explicó que en México existe una subordinación estructural del campo delictivo al poder político. Es decir, grupos criminales dependen directamente del poder político existente a nivel municipal, estatal o federal para sobrevivir.
Con la alternancia política, la reconfiguración política tiene como consecuencia que el campo delictivo alcance una mayor autonomía al depender ya no solo de un solo partido político sino de varios.
A lo largo de su administración, los presuntos vínculos de Norma Otilia Hernández Martínez con el crimen organizado navegaron entre acuerdos y discrepancias pues, aunque aunque en el video difundido por primera vez en julio de 2023 se le observa con uno de los líderes de Los Ardillos, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo - Chilapa, Salvador Rangel, aseguró que la ex alcaldesa sostenía tratos con Los Tlacos, otro grupo criminal rival.
"Para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los Señores de Tlacotepec [...] El día que la presidenta se desligue de ellos, ese día viene la paz, tienen paz”, declaró el sacerdote en una entrevista que concedió al medio local Quadratín.
En febrero de 2024, el mismo obispo narró en entrevista con el periodista Óscar Balderas para MILENIO que Norma Otilia Hernández incumplió la promesa que hizo en campaña electoral de entregar el control del rastro de Chilpancingo a Los Ardillos, lo que desató violencia nuevamente en la capital de Guerrero.
El papel que la ex alcaldesa jugó entre los grupos criminales que se disputan el control de Chilpancingo dejó un panorama incierto para Alejandro Arcos Catalán, a quien le arrebataron la oportunidad de hacer algo al respecto tan solo siete días después de haber asumido el cargo.
¿Qué grupos criminales operan en Chilpancingo de los Bravo?
Guerrero es uno de los estados que padeció en mayor medida el estallido del Cártel de los Beltrán Leyva tras el asesinato de su líder, Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009.
A raíz de la caída de El Barbas, su organización delictiva se fragmentó en múltiples células criminales que desataron violencia en distintos municipios, lo que a su vez provocó el surgimiento de grupos de autodefensas que, eventualmente, terminaron por convertirse en organizaciones delictivas tal y como fue el caso de la Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo.
Con la intención de expulsar a células criminales, el entonces grupo de autodefensas designó a un brazo armado al que hicieron llamar Los Tlacos. Reportes de prensa local ubican al 2017 como el año en el que grupo armado se consolidó bajo el mando de Onésimo Marquina Chapa -alias Necho-, quien ubicó su centro de operaciones en el municipio General Heliodoro Castillo y en su cabecera Tlacotepec.
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Información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan da cuenta de que Los Tlacos lograron expandir su presencia y sus actividades criminales a municipios como Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Apaxtla, Teloloapan, Iguala de la Independencia, Buenavista de Cuellar, Huitzuco de los Figueroa y Juan R. Escudero.
Por ser la capital del estado, Chilpancingo también se convirtió en territorio codiciado para Los Tlacos, sin embargo, no fueron la única escisión del Cártel de los Beltrán Leyva que pensó lo mismo.
Los Ardillos, cuyo origen se remonta a la organización de sembradores de amapola en Quechultenango en 2008, fueron encabezados por Celso Ortega Rosas, alias El Ardilla, hasta su asesinato en 2011.
Tras la muerte del líder criminal fueron sus hijos, Celso, Jorge Iván, Antonio y Bernardo Ortega quienes tomaron el control del grupo y extendieron su presencia criminal a al menos once municipios de la Montaña baja de Guerrero así como a Chilpancingo.
"El grupo es uno de los principales generadores de violencia en la región, en una permanente disputa por el control territorial y de las actividades delictivas con diferentes grupos, como ‘Los Rojos’ o ‘Los Tlacos’, e incluso con las policías comunitarias [...] La familia Ortega Jiménez ha incursionado en la política. En 2002 Bernardo Ortega fue electo presidente municipal de Quechultenango por el PRD, y ha sido en cuatro ocasiones diputado local (2005-2008, 2012-2015, 2018-2021 y de 2021 a la fecha)", detalla un artículo publicado en la página de Alejandro Encinas, actual Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.
Específicamente en Chilpancingo, Los Tlacos y Los Ardillos han protagonizado una incesable disputa por el control de diversas actividades criminales entre las que destaca la extorsión. No obstante, analistas y medios de comunicación locales también han reportado la presencia de la Nueva Familia Michoacana que, poco a poco, gana terreno en la zona.
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Desde el control del rastro municipal, hasta la red de transportistas o las mismas rutas que marcan la entrada o salida del municipio han sido motivo de rencillas entre ambas células criminales.
"Los grupos criminales han extendido el cobro extorsivo al transporte público, tiendas, operadores turísticos, eventos religiosos, empresas mineras e incluso a comercios de productos cotidianos. Con esto, la violencia se ha expandido hacia estos sectores, pues quienes se niegan a pagar los cobros o a cumplir las normas, corren el riesgo de ser asesinados", explica un artículo de InSight Crime sobre la dinámica criminal de Los Tlacos y Los Ardillos.
A dicho panorama se suma el factor de la alternancia política y la subordinación existente de ambos grupos delictivos a determinado partido o funcionario público, dejando como resultado la violencia que no sólo acecha a la ciudadanía sino a las mismas autoridades.
La falta de Estado y de protección han convertido a Chilpancingo en “tierra de nadie” y en un constante epicentro de agresiones donde la impunidad continúa siendo la protagonista.
ATJ