El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, promovió un amparo con el cual busca que se impida a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que no continúe realizando manifestaciones contra su persona, luego de que dio a conocer audios que presuntamente lo involucran en presuntos delitos o actividades irregulares.
La demanda de garantías fue promovida el pasado 9 de junio, donde Alito pide la protección de la justicia para que cesen las “declaraciones, manifestaciones y comentarios” por parte de la mandataria estatal, que han sido “enviados, publicados y difundidos a través de sus redes sociales oficiales”.
Sin embargo, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, declaró carecer de competencia legal para conocer la demanda.
El juzgador indicó que los sucesos narrados en la petición de amparo, probablemente se cometieron en el estado de Campeche, por lo que corresponde a un juez de esa entidad conocer la demanda. Por tanto, ordenó enviar el documento original de la demanda de amparo al juzgado de Distrito en el Estado de Campeche en turno.
“Lo anterior, con el objeto de informarle al juzgado de Distrito en turno la presente resolución y para que el mismo tenga a bien determinar sobre la procedencia de la demanda en cuestión, solicitándole cordialmente que a la brevedad posible remita el acuse de recibo correspondiente y que de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular”, detalla el acuerdo del juez Regis López.
La gobernadora Layda Sansores ha dado conocer diversos audios del presidente nacional del PRI, entre ellos, donde supuestamente se le escucha que ordenó lavar dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón, Campeche.
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Dentro de su programa Martes del Jaguar, transmitido en la televisión pública campechana y redes sociales, la gobernadora tituló el video como “las clases de lavado de dinero de Alito”, en el que se mencionó que fue el abogado del político priista, identificado como Zertuche, quien habría escogido una empresa en particular para que no quedara rastro alguno.
Horas más tarde, el priista también hizo pública una conversación telefónica que sostuvo con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, donde supuestamente se habla de supuestas amenazas por orden presidencial, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica.
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