El empresario Alonso Ancira Elizondo busca conseguir un amparo a través del cual se declare prescrito el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el cual fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada en febrero pasado.
Sin embargo, Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, declinó conocer el asunto el pasado 22 de febrero.
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El juez se declaró incompetente, debido a los antecedentes del caso, motivo por el cual turnó el expediente a Luz María Ortega Tlapa, jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien en su momento analizó el tema y negó el amparo al empresario contra la orden de aprehensión.
En diciembre de 2019, la jueza rechazó conceder la protección de la justicia contra la orden de aprehensión y la publicación internacional de ficha roja para su captura porque consideró que el delito no ha prescrito, sentencia que sirvió de base para que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentara la orden de aprehensión.
En febrero del presente año, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, vinculó a proceso y decretó prisión justificada contra el empresario por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, derivado de un soborno al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a Giselle Lozoya.
La FGR imputó a Alonso Ancira por supuestamente sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex comprara a Altos Hornos de México la planta de Agro Nitrogenados en el complejo Pajaritos, en Veracruz.
También determinó que hasta que el ex dueño de AHMSA presente el acuerdo reparatorio aprobado, donde se comprometió devolver a Pemex 219 millones de dólares, se fijará fecha, hora y de audiencia para la modificación de la medida cautelar para determinar si puede enfrentar su proceso en libertad.
Alonso Ancira tiene en diversos juzgados de la Ciudad de México amparos en los que ha impugnado que no se le someta a malos tratos, no se le aseguren propiedades, se le otorgue atención médica y que se le de la medida cautelar de prisión domiciliaria.
VJCM