La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará dos juicios de amparo que promovió la constructora Odebrecht contra la Ley Federal Anticorrupción, con los que pretende revertir la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ante la sanción que recibió en 2018 por incumplimiento de contratos, la empresa interpuso los amparos 526/2018 y 571/2018, radicados en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa.
Debido a que en primera instancia se le negó la protección de la justicia federal, Odebrecht presentó el recurso de revisión. Este fue analizado por el decimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa que remitió el asunto a la SCJN.
El tribunal constitucional resolvió asumir su competencia y analizar las demandas de garantías y el caso fue turnado a la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La empresa Odebrecht impugnó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el acuerdo de la SFP, el cual delega facultades en materia de combate a la corrupción a los servidores públicos.
En abril de 2018, la SFP notificó a Odebrecht la inhabilitación para participar en cualquier licitación pública por un periodo de dos años y seis meses, debido al incumplimiento en que incurrió en otros contratos.
En tanto, la Función Pública presumió la firma de 15 convenios de colaboración y memorandos de entendimiento con instituciones nacionales e internacionales con los que se acompaña para el combate a la corrupción, los cuales fueron celebrados en 2019.
En un comunicado, explicó que los convenios sirven para desarrollar acciones interinstitucionales, intercambios de información, coordinación de acciones contra la corrupción, cooperación en el desarrollo de proyectos para prevenir conflictos de interés, colaboración para evaluar mejor la evolución patrimonial, reforzamiento de protocolos para certificar la igualdad laboral y de género, capacitación y fortalecimiento de medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Las instituciones internacionales con las que la dependencia firmó convenios fueron la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con la Oficina en México de ONU Mujeres.
A escala nacional, firmó convenios con las secretarías de Economía y de Cultura, con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Cámara de Diputados.
Otros pactos se hicieron con la Comisión Federal de Competencia Económica, los órganos internos de control de los institutos nacionales Electoral y de Estadística y Geografía; la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó 8 mil 273 recursos durante 2019 que no cumplían las características de relevancia para su admisión en las salas del tribunal.
Abandonó también un criterio que mantenía desde hace 20 años y determinó que no proceden las controversias constitucionales en las que municipios y gobiernos estatales y federal reclaman el incumplimiento de convenios fiscales.