Los anexos en el estado de Guanajuato se han convertido en una bomba de tiempo, falta de regularización, clandestinidad imperante y acciones gubernamentales poco efectivas para su legalización son solo algunos de los factores.
Una solicitud de acceso a la información realizada por Milenio reveló que la autoridad contabiliza 285 centros de rehabilitación y anexos en todo el estado, sin embargo asociaciones civiles contabilizan hasta 250 solo en la ciudad de León apócrifos, el propio alcalde de Irapuato reconoció de manera pública tras la masacre del anexo, que en su municipio existen un total de 265 centros de rehabilitación de los cuales solo 15 están registrados, lo que refleja que la clandestinidad rebasa este tipo de instituciones y ha sido subestimada por la autoridad, explica Nicolás Pérez, representante de la Asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) que agrupa a 100 centros en el estado.
"Yo le digo que hay 250 solo en León, en Irapuato hay otros 200 porque son las ciudades más grandes, en Silao hay unos 15 y afortunada o desafortunadamente se han estado abriendo centros de rehabilitación pero para otros fines, no con la finalidad de apoyar al caído si no que ya van con otros fines", dijo Nicolás Pérez.
La lista de centros de rehabilitación legales la encabeza la ciudad de León con 92; Irapuato 40; 23 Celaya; 19 Silao; 12 Salamanca; 12 San Francisco del Rincón y el resto se distribuye en los otros municipios del territorio.
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Llama la atención que los municipios de León e Irapuato suman prácticamente el 46 por ciento de los existentes en la entidad en centros legales con 132, pero también lideran los clandestinos que son 500 aproximadamente.
A raíz de la masacre del 1 de julio de 2020 en el anexo "Buscando el Camino a mi recuperación" ubicado en la comunidad de Arandas en el municipio de Irapuato, una serie de operativos instruidos por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde la Secretaría de Salud y los 46 gobiernos locales revisarían los anexos que operan en Guanajuato, los cuales deberían cumplir con toda la normatividad vigente o de lo contrario no podrían seguir funcionando.
A la fecha, solo cuatro anexos en todo el estado han sido multados: el centro de ayuda "La Sagrada Familia" en Silao con multa y apercibimiento, grupo "La última Solución en mi Camino" también de Silao con multa y apercibimiento, el centro "Alfa Fortaleza" del municipio de Ocampo amonestado con 3 mil 601 pesos y uno en la ciudad de León "Camino hacia la Fe" en la colonia Peñitas, que fue amonestado con sanción y apercibimiento y que se acuerdo al registro no se encuentra en funcionamiento vigente, sin embargo el equipo de Milenio acudió a la dirección y constató como sigue operando.
De acuerdo al representante de la Asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, (CRUB) en el estado solo 13 asociaciones cuentan con reconocimiento oficial y concentran los recursos.
"Ya se dan ellos cuenta de que somos instituciones necesarias, ellos no pueden con todo el trabajo, el estado de Guanajuato sólo cuenta con 13 centros de rehabilitación certificados que reconoce Conadic (Comisión Nacional Contra las Adicciones) sólo 13 en el estado de Guanajuato a los cuales les llegaba todo el recurso”, comentó Nicolás Pérez.
De acuerdo al representante, el error de la autoridad fue implementar los operativos de revisión solo en los anexos y centros de los que tenían registro ante las autoridades, dejando de lado aquellos que ejercen en la clandestinidad y que por años se han dedicado a denunciar sin obtener respuesta.
"Cuando empiezan los ataques en los centros de rehabilitación fue el gobierno quien mandó la orden de que empezarán a a hacerse supervisiones fuertes, entonces cuando nosotros como red empezamos a querer regularizar, sobre todo en el permiso de uso de suelo porque antes no nos lo pedían, debido a todo esto que pasó, de ahí nos agarraron "
La política pública ejecutada no atacó el verdadero problema de raíz, pues sólo logró que muchos de los centros de rehabilitación fueran clausurados por falta de requisitos como permisos de usos de suelo por parte del municipio dejando a los jóvenes con problemas de adicción con menos opciones para ser atendidos, mientras que muchos de los apócrifos continúan funcionando.
Maltrato, abuso, uso para venta y distribución de drogas por parte de los carteles en los casos más graves son sólo algunas de las malas prácticas que se han logrado detectar, por las que miembros del CRUB han alertado.
Actualmente mantienen comunicación con los ayuntamientos para lograr regularizarse y obtener sus permisos de uso de suelo, así como con la Fiscalía General del estado que los ayuda a corroborar que los jóvenes que ingresan no tengan antecedentes penales previos, pero el problema subsistirá hasta que se erradiquen los anexos clandestinos.