Pese a que desde hace tres años la situación de los centros de rehabilitación de Guanajuato se ha visto envuelta en masacres y tiroteos, el representante de la asociación de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, Nicolás Pérez, aseguró que no han recibido el respaldo por parte de las autoridades y que incluso les han puesto candados para no poder avanzar.
Nicolás, quien inició la asociación por la situación en las que se encontraban los anexos en Silao, dijo que ahora cuentan con un aproximado de 600 centros contra las drogas, de los cuales, la mayoría están en León e Irapuato, pero sólo 13 están regulados ante la Cofepris y han tenido problemas para sacar el permiso de uso de uso en los ayuntamientos.
Además, acusó a la Comisionada contra las Adicciones del gobierno del estado, Rosa Elda Villalobos, de desviar recursos, incluso interpusieron una denuncia ante Transparencia Ciudadana pero no ha podido proceder.
“Después de todo esto, la problemática que tenemos con la violencia y con el gobierno, ante el mal gobierno que tenemos nos quedamos en medio como de un tiroteo de balas, tanto como de la delincuencia organizada tanto como del gobierno. La delincuencia organizada nos estaba atacando porque trabajamos con personas con problemas”, comentó.