Un juez civil decretó la extinción de dominio al inmueble ubicado en la delegación Tlalpan, donde se instaló una planchaduría en la que una familia explotó por cinco años a una joven llamada Zunduri.
El juez de la causa también estableció indemnizaciones para la joven, por el daño físico que se le causó, para cubrir los costos de tratamiento médico, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias para su rehabilitación; además del pago por reparación del daño físico y moral.
TE RECOMENDAMOS: Condenan a familia que esclavizó a joven en tintorería de la CdMx
Zunduri tenía 22 años cuando pudo escapar del local ubicado en la colonia Lomas de Padierna, el 22 de abril de 2015. Médicos legistas diagnosticaron que el cuerpo de Zunduri tenía 600 cicatrices y que sus órganos correspondían a los de una persona de 80 años.
La Procuraduría General de Justicia capitalina precisó que el juez octavo de lo civil emitió dicha resolución sobre la demanda que el 30 de septiembre de 2015 inició la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, respecto al predio que se ubica en la calle de Izamal, donde se consumó el delito de trata de personas.
Las gestiones forman parte del proceso legal que se inició en 2015 contra los responsables de la explotación de la que fue objeto Zunduri.
De acuerdo con la averiguación previa del caso, entre febrero de 2013 y abril de 2015, la entonces menor de edad fue obligada a realizar trabajos forzados sin remuneración alguna, y para que no escapara la mantenían encadenada.
De acuerdo con los testimonios de la agraviada, los victimarios la golpeaban hasta que sangraba, para que no dejara de trabajar, y cuando las heridas iban cicatrizando le arrancaban las contras, indicó en un comunicado.
Las pruebas aportadas por la procuraduría capitalina permitieron en diciembre de 2016 obtener una sentencia acumulada de 150 años de prisión, para cinco personas que explotaron a la joven en la planchaduría.
Como parte de las acciones legales se inició la demanda de extinción de dominio contra los propietarios del inmueble en el que estaba el negocio, ya que durante las diligencias de la Policía de Investigación, se determinó que los dueños tenían conocimiento de las condiciones a las que estaba sometida la afectada, con agresiones físicas y verbales constantes, para obligarla a trabajar sin paga, beneficiando a sus victimarios.
En octubre de 2015, el juez de la causa admitió a trámite la demanda, se presentaron pruebas de ambas partes, y se decretaron medidas cautelares para evitar que se vendiera o gravara el inmueble, que fue asegurado, hasta que se emitiera el fallo.
La resolución judicial establece que es procedente la vía especial de extinción de dominio sobre el referido predio de 250 metros cuadrados, sin contraprestación ni compensación alguna.
nerc