Un Tribunal Colegiado amparó al ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, sentencia que ordena que se reponga su audiencia inicial, porque fue vinculado a proceso por un juez distinto al que había escuchado personalmente la imputación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR).
Saldaña Flores es uno de los ex funcionarios que denunció en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presuntos hechos delictivos que relacionados con supuestos desvíos de recursos.
Sin embargo, su defensa señaló en su momento que la PGR no dio trámite a la denuncia y, un mes antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, solicitó audiencia de imputación contra su cliente y del subsecretario Enrique González Tiburcio, de quien la fiscalía dijo había suscrito un convenio marco con la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” del estado de Hidalgo, el cual había dado origen al pago de 185 millones de pesos a la casa de estudios.
Ahora, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito amparó a Armando Saldaña Flores para que se reponga, por cuarta ocasión, parte de su audiencia inicial.
Fuentes judiciales señalaron que, con esta sentencia, el Colegiado emitirá una tesis para el sistema acusatorio. Es la segunda ocasión, en el caso de Armando Saldaña, en que el Noveno Colegiado emite tesis jurisprudencial.
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La primera fue en noviembre de 2019, cuando amparó a Saldaña estableciendo que un juez de control no podía reclasificar la conducta imputada sin escuchar en debate a los defensores, sentencia que dio origen a la tesis 2021498.
El 2 de enero de 2019, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dictó auto de no vinculación a proceso para Saldaña, porque una jurisprudencia le impedía atribuirle el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ya que Armando Saldaña como servidor público no tenía facultades para ello.
En esa audiencia compareció el ex rector de la menciona Universidad, Juan de Dios Nochebuena, quien declaró ante el juez que no conocía Saldaña.
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El juez cuestionó a la fiscalía, debido a que existían en la carpeta de investigación dos dictámenes en grafoscopía, emitidos por un perito oficial, que dejaban en claro que había sido falsificada la firma de Saldaña en ese convenio y en otra veintena de documentos.
Dos meses después un tribunal unitario ordenó reponer la audiencia, alegando que no había acudido a la anterior un representante de Sedatu.
El 19 de marzo de 2019, el juez Fuerte Tapia cambió de criterio y dictó vinculación a proceso, encuadrando ahora la conducta en la fracción II del mismo artículo 217, excluyendo la calidad específica de servidor público que el imputado había tenido en la fecha de los hechos.
Tras varios recursos interpuestos, se ordenó una siguiente reposición, debido a que el juez Fuerte Tapia no había abierto debate luego de anunciar que reclasificaría la conducta.
Si embargo, de esta reposición tocó conocer el asunto al juez Jesús Eduardo Vázquez Rea, quien ya no escuchó la imputación y en audiencia de diciembre de 2019 se concretó a vincular a proceso al imputado.