Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, requerido por una Corte de Texas, en Estados Unidos, por los presuntos delitos de fraude y lavado de dinero por 2.7 millones de dólares.
Torres López está en la lista de los más buscados por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés). De enero a diciembre de 2011, el ex servidor público sustituyó en el gobierno de Coahuila a Humberto Moreira.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que los policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, fueron apoyados por policías estatales para cumplimentar una orden de detención provisional con fines de extradición.
El mandamiento judicial, explicaron, fue librado por un juez federal del Reclusorio Preventivo Sur, en la Ciudad de México, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial.
Una vez que sea notificado por la autoridad judicial de los cargos que se le imputan, Estados Unidos contará con 60 días para formalizar la petición de entrega. Mientras tanto, el detenido podrá iniciar su defensa legal.
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, el ex gobernador interino se encargó del lavado de dinero de varios millones de dólares, junto con el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, recursos que pertenecían al erario estatal.
Según los norteamericanos, los recursos culminaron en instituciones crediticias del estado norteamericano de Texas, así como en bancos de las Bermudas.
En 2014, el diario texano San Antonio Express, informó que Javier Villarreal había llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, para entregar 6.5 millones de dólares que habían sido depositados en diversas cuentas bancarias de Texas. Él se encontraba detenido en dicho estado norteamericano.
El diario mencionó que el dinero tenía su origen en las finanzas del gobierno de Coahuila, que dejó una deuda de 35 mil millones de pesos.
En México, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) investigó a ex funcionarios que trabajaron en la gestión de Humberto Moreira, a quienes se les aseguraron recursos de 23 cuentas bancarias.
Una de estas personas era el ex secretario de Finanzas, Héctor Javier Villarreal, contra quien existía una orden de aprehensión librada en 2012.
Villarreal y el resto de los investigados fueron acusados de emitir decretos, con documentos y firmas falsas, con los que simuló que el Congreso de Coahuila solicitó más de 5 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En noviembre de 2012, la PGR determinó que no contaba con pruebas que relacionaran al ex gobernador Humberto Moreira, con la deuda contraída por su estado por más de 5 mil millones de pesos, a través de documentación falsa.
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