El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que debe corregirse el diseño institucional si se quiere combatir los abusos y corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A través de su cuenta de twitter, el ministro señaló que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF.
“Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio en contra de los abusos, de la corrupción y de la impunidad”, detalló.
El comentario se da a unas horas de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso del magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito, y de presentar una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar presuntamente triangularon depósitos al extranjero.
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR notificó a la UIF y al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, el ejercicio de la no acción penal en su contra y el cierre de la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito.
La UIF informó que presentó un recurso de inconformidad que ya fue admitido, y el 22 de junio interpuso una nueva denuncia que implica a seis personas: dos físicas y cuatro morales.
Las nuevas investigaciones de la UIF, en las que se sustenta esta denuncia, determinaron que el magistrado José Luis Vargas junto con un familiar, un grupo de personas físicas y morales “operaron instrumentos financieros y corporativos” para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, y que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria.
La UIF señaló que este mismo grupo de personas, entre las que se encuentra el magistrado presidente, realizó transferencia al extranjero y constituyó empresas “cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
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