Elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aseguraron dos inmuebles, armas, casi 5 mil cartuchos y cuatro vehículos durante un operativo realizado en la colonia Isla Musala, en Culiacán.
De acuerdo con información difundida este jueves por las comandancias de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar, las acciones se llevaron a cabo el pasado 15 de septiembre, en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la ejecución de dos Órdenes Técnicas de Investigación.
El despliegue cobra relevancia debido a que Isla Musala es el sector donde se encuentra la privada en la que presuntamente reside el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La autoridad militar no estableció en su comunicado alguna relación entre los inmuebles intervenidos y el mandatario estatal.
Como resultado de las diligencias, las autoridades reportaron el aseguramiento de dos inmuebles, dos armas largas, 31 cargadores, 4 mil 836 cartuchos, cuatro vehículos y equipo táctico diverso.
Las imágenes difundidas junto con el comunicado muestran parte de los indicios localizados dentro de los inmuebles, entre ellos un arma larga, cargadores, municiones y un chaleco táctico. También se observa el aseguramiento y retiro de vehículos de las propiedades intervenidas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas como resultado de las dos diligencias ni han precisado a quién pertenecen los inmuebles asegurados.
Todo lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes.
¿De dónde surge la acusación de EU contra Rocha Moya?
La acusación contra Rubén Rocha Moya aparece en una carpeta penal de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, identificada con el número 23-cr-00180, relacionada con investigaciones contra integrantes de Los Chapitos.
El nombre del gobernador con licencia fue incluido en una acusación complementaria contra presuntos operadores del grupo criminal, entre ellos el fabricante de fentanilo Silvano Francisco Mariano, El Rayo.
De acuerdo con el documento estadunidense, Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa presuntamente recibieron apoyo financiero y operativo de Los Chapitos para obtener cargos públicos y, posteriormente, brindar protección a sus actividades ilícitas.
La Fiscalía de Nueva York sostiene que los servidores públicos habrían facilitado información oficial, protegido cargamentos de droga y permitido que integrantes del cártel operaran sin enfrentar consecuencias judiciales.
El expediente también menciona al exsecretario de Seguridad estatal Gerardo Mérida Sánchez y al senador Enrique Inzunza, mientras que otros implicados, como el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, permanecen dentro del mismo proceso penal.
AG