Los recursos que el gobierno federal transfirió a los estados durante los primeros tres años del sexenio, entre 2019 y 2021, para comprar armamento, fortalecer a sus policías y prevenir la delincuencia no fueron usados correctamente por la mayoría de ellos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que entre 2019 y 2021, al menos 766 millones 874 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que reparte cada año la Federación entre los estados, no fueron aplicados como se debían, por lo que 28 gobiernos estatales tienen pendiente aclarar su uso o devolverlos a la Secretaría de Hacienda.
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A la fecha, la ASF mantiene el seguimiento de sus señalamientos, entre solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones, emitidas a los gobiernos de esos 28 estados.
En al menos 12 de esas entidades, los índices delictivos se elevaron en ese periodo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).
Por ejemplo, en los cuatro estados ─Aguascalientes, Morelos, Puebla y Michoacán─ en los que más irregularidades hubo en el uso de esos recursos del FASP, detectó la ASF, mientras que los homicidios y los feminicidios se elevaron.
Esos cuatro estados concentran el 56 por ciento de los recursos públicos federales del FASP presuntamente utilizados de manera irregular, al sumar, entre los cuatro, 436 millones 686 mil 796.35 pesos.
La entidad que más recursos tiene pendiente por aclarar o devolver es Aguascalientes, con 143 millones 492 mil 798.44 pesos de los años 2019 y 2021, cuando estaba gobernada por Martín Orozco.
La mayor cantidad de esos recursos por transparentar corresponde al año 2019, cuando quedó a deber explicaciones por 127 millones 544 mil 647.53 pesos, de los que no existen estados de cuenta bancarios que acrediten que se utilizaron en pagos a proveedores o contratistas.
Esa cantidad representa 71 por ciento del total de los recursos del FASP que ese año se le transfirieron a Aguascalientes, cuando recibió 177 millones 800 mil 426 pesos.
De 2021, Aguascalientes tiene cuentas pendientes por aclarar por 15 millones 948 mil 150.91 pesos, que supuestamente se utilizaron en la adquisición de municiones, cargadores y armas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las que no se proporcionó la documentación comprobatoria ni se acreditó su entrega al gobierno del Estado.
En esa entidad, los delitos que más crecieron fueron los que afectan la tranquilidad de las mujeres: los feminicidios pasaron de cinco en 2019 a nueve en 2021; las violaciones pasaron de 216 a 225 y el hostigamiento sexual, de 104 a 115.
Morelos, con homicidios a la alza
Después de Aguascalientes, el estado de Morelos es el que acumula más irregularidades que ascienden a 114 millones 918 mil 662.50 pesos, relacionados con las aportaciones que se le hicieron mediante el FASP durante los tres años, de 2019 a 2021, con Cuauhtémoc Blanco como gobernador.
La mayor cantidad corresponde al año 2020, del que el gobierno de Blanco debe 95 millones 862 mil 540.87 pesos, de los cuales 85.2 millones no fueron reportados como gastados, y 10.5 millones de pesos, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de bienes que fueron pagados a la Sedena con recursos del fondo y no suministrados.
Ese año, Morelos recibió del FASP 204 millones 551 mil 35 pesos, por lo que las irregularidades equivalen al 46 por ciento de lo que se le repartió en 2020.
Para la ASF, los más de 95 millones de pesos ya representan un probable daño patrimonial a la Hacienda pública federal por no haber aclarado su destino.
Del 2021, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe 12 millones 941 mil 242.20 pesos, y ya se considera también un probable daño patrimonial por parte de la ASF, por no haber acreditado la recepción de los bienes o servicios que fueron contratados por ese monto, ni la entrada al almacén y su entrega final.
De 2019, el gobierno de Morelos tiene cuentas pendientes por 6 millones 114 mil 879.23 pesos, de los cuales, la mayor parte, 5 millones 211 mil 412.50 pesos fueron bienes pagados a la Sedena con recursos del fondo, pero no fueron suministrados.
Entre 2019 y 2021, en Morelos, los homicidios dolosos pasaron de 911 a mil 35, según el SESNSP, mientras que el acoso sexual pasó de 26 a 34 casos, el hostigamiento sexual pasó de 57 a 64 y las violaciones, de 409 a 491.
Puebla, con aumento en narcomenudeo
De acuerdo con los datos de la ASF, Puebla tiene cuentas pendientes del FASP por 103 millones 365 mil 163.73 pesos, correspondientes al 2019 y 2020, mientras gobernó el recién fallecido Miguel Barbosa.
La mayor parte, 96 millones 428 mil 153.88 pesos, fueron usados de manera indebida, según la ASF, en el año 2019, año en que recibió 228 millones 283 mil 330 pesos.
De esos 96.4 millones que la ASF ya considera como un presunto daño patrimonial porque el gobierno de Puebla no ha podido aclarar su uso, 58.3 millones de pesos fueron destinados para la impartición de cursos para personal policial, sin presentar evidencia de la formalización de un contrato o convenio de prestación de servicios, mientras que otros 38.1 millones de pesos tenían que haber sido utilizados en la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, aplicación de las evaluaciones de confianza.
Otros 6.9 millones de pesos corresponden al año 2020, pero de la mayor parte, 5.9 millones, no se cuenta con la documentación comprobatoria de que fueron empleados para el pago de armamento y municiones comprados a Sedena, pues a la fecha de la auditoría no había evidencia de que esos bienes se hayan recibido.
Entre 2019 y 2020, en Puebla el narcomenudeo creció 38 por ciento, al pasar de 484 denuncias a mil 273, mientras que el abuso sexual pasó de 712 a 718, según las cifras del SESNSP.
En Michoacán, crecen homicidios
En Michoacán, los recursos del FASP usados con irregularidad entre 2020 y 2021 ascienden a 74 millones 910 mil 171.68 pesos, de los que a mayor parte, 64.7 millones, corresponde al 2021.
En 2021, cuando Silvano Aureoles dejó la gubernatura y llegó Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad recibió 224 millones 492 mil 606 pesos como parte de dicho fondo, lo que significa que el uso del 28 por ciento de esos recursos debe ser aclarado, según la ASF.
La auditoría señala que los 64.7 millones debieron usarse en el pago a la Sedena para la adquisición de armamento y municiones, pero estos bienes no fueron entregados al gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ni distribuidos a los elementos policiales para su uso.
Los otros 10.1 millones de pesos señalados como presunto daño patrimonial, correspondientes al año 2020, no tienen un respaldo con documentación justificativa y comprobatoria de que se usó en bienes adquiridos a la Sedena.
Entre 2020 y 2021, en Michoacán crecieron los delitos de narcomenudeo, que pasó de 2 mil 10 denuncias a 2 mil 514; los homicidios dolosos, de mil 976 a 2 mil 234; los feminicidios pasaron de 21 a 27 y las violaciones, de 340 a 427.
FASP, apoyo para policías
El FASP es un fondo mediante el cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
De acuerdo con la normatividad, los gobiernos estatales deben utilizar esos recursos federales en el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública; para el desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como en la mejora de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
También puede usarse en la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, el fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información para la seguridad pública y de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, entre otras acciones.
FLC