Tras una larga espera, años de trámites y varios procesos judiciales, seis personas que fueron víctimas de los atentados con granadas en los festejos patrios de septiembre de 2008 en el Zócalo de Morelia, Michoacán, lograron que el gobierno federal apruebe la indemnización a la que tienen derecho de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha podido depositarles el pago que asciende a 8 millones de pesos, bajo el argumento de que no tiene presupuesto para hacerlo, y que está a la espera de que la Secretaría de Hacienda les autorice recursos para ello.
Documentos del proceso, de los que MILENIO tiene copia, muestran que el 20 de octubre de 2023, dentro del expediente administrativo número CEAV/CIE/0130/2020 y acumulados, la CEAV emitió resolución en la que autoriza el pago de una compensación subsidiaria en favor de seis víctimas directas e indirectas de los atentados ocurridos en Morelia, cuyos nombres se reservan por cuestiones de seguridad.
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La compensación subsidiaria es un apoyo que la Ley General de Víctimas contempla para las víctimas de un delito cuando, por razones diversas, no es posible que los responsables del ilícito reparen el daño directamente. Ello acontece en este caso dado que, hasta la fecha, no hay ninguna persona procesada que pueda ser llevada a juicio por estos ataques.
Emitida la referida resolución la CEAV solicitó a las víctimas sus datos bancarios para proceder con el pago, sin embargo, en los siguientes meses los depósitos no llegaron. El 6 de febrero la abogada de las víctimas, Reyna Velasco, presentó una demanda de juicio de amparo ante lo que consideraron era una omisión de parte de la Comisión para cubrir el depósito.
No hay recursos
El 22 de febrero, ya con el juicio de amparo en curso, la Directora General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, Julieta Hernández García, envió el oficio CEAV/DGCIE/1779/2024 a la Dirección General de Administración y Finanzas de la misma comisión, en el que pregunta si había presupuesto suficiente para realizar el pago pendiente.
Un día después el titular de esa dirección, Hugo Abel García Loa, respondió que “no había recursos suficientes” para cubrir el monto determinado en la resolución. Luego, en un informe enviado al juez de amparo el primero de marzo, la CEAV notificó esta respuesta y agregó que se estaba a la espera de que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice la dotación de recursos para estar en posibilidad de realizar el pago correspondiente en favor de los quejosos (las víctimas)”.
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El 24 de abril la directora Hernández García envió un nuevo oficio al director de administración preguntando lo mismo que en febrero: si había dinero. De ello ya han transcurrido otros tres meses sin que los recursos hayan sido depositados a las víctimas.
En ese contexto, en el mismo mes de abril el Juzgado Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió el amparo en favor de las seis víctimas bajo el argumento de que las autoridades de la CEAV han sido omisas en finiquitar un pago que ya está autorizado y que la ley establece que debía hacerse de inmediato.
En contra de esa determinación la Directora General de Asuntos Jurídicos de la CEAV, Patricia Socorro Bedolla Zamora, promovió un recurso de revisión para que el tema escale ante un Tribunal colegiado federal y sea revisado pues, aunque se reconoce que no han pagado, la Comisión dice no estar de acuerdo con el criterio del juez de que no se han hecho las acciones necesarias.
Hay un plazo razonable: CEAV
En su recurso de revisión, del que MILENIO también tiene copia, la CEAV considera que hay un “plazo razonable” que a su criterio no se ha vencido para que se puedan finiquitar los trámites necesarios que permitan a las víctimas recibir la indemnización a la que tienen derecho.
Según la comisión, este es un tema que no debe verse desde una óptica “cuantitativa” donde solo se contabilicen los días que han transcurrido para efectuar el pago, sino “cualitativa” sobre las circunstancias que explican por qué no se ha podido llevar a cabo, y que tienen que ver con la insuficiencia de recursos para cubrirlo.
“El pago del mismo está condicionado a la suficiencia presupuestaria que se genera a través del Sistema de Presupuesto y Contabilidad de la CEAV (…) esta comisión se encuentra en espera de que la Secretaría de Hacienda realice la dotación de recursos para estar en posibilidad de realizar el pago correspondiente a los peticionarios”, señala la directora jurídica.
El recurso de revisión promovido por la CEAV ya fue admitido por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien revisará los argumentos para determinar si el amparo estuvo bien concedido o no. Mientras tanto las víctimas siguen sin recibir su pago.
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Impunidad, retrasos y revictimización
Los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, considerados en su momento como el primer atentado terrorista contra población civil en México, dejaron un saldo de ocho personas muertas y más de 130 heridas. Ello se traduce en centenares de familias que fueron víctimas directas e indirectas de estos hechos.
Pese a la gravedad del tema no hay nadie sentenciado. En 2019 las cuatro personas que en su momento fueron detenidas y procesadas por estos hechos, supuestos integrantes de Los Zetas, fueron liberadas luego de que los peritajes oficiales confirmaron que padecieron torturas para declararse culpables.
Ante la falta de castigo en el caso, las víctimas han batallado durante estos años para recibir algún tipo de reparación o indemnización. En el caso de los seis mencionados en esta nota, representados por la abogada Reyna Velasco, ellos comenzaron en 2018 su procedimiento ante la CEAV tras años previos de falta de asesoría legal adecuada, de promesas incumplidas de autoridades y de desconocimiento de cómo hacerlo.
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Velasco señala en entrevista que ha sido un proceso complicado pues han tenido que recurrir en distintos momentos a instancias judiciales para agilizar temas como que se les reconociera efectivamente como víctimas y se les inscribiera en el registro, o que se agilizaran los trámites para obtener la resolución que finalmente se logró en octubre del año pasado. Fueron cinco años de luchar contra el aparato burocrático.
En 2019, como parte de una política de austeridad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno decidió eliminar el llamado Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral (FAARI) cuya finalidad era contar con recursos disponibles de forma permanente para cubrir pagos como las compensaciones subsidiarias. Ello sin dependen de autorizaciones extraordinarias.
Aunque ello supuso un obstáculo más la abogada Velasco destaca que la gestión de la CEAV encabezada por la comisionada, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, había logrado procesar los pagos sin retrasos significativos. No obstante, la situación cambió desde el arranque de este último año del sexenio.
“Retrasos siempre han existido, pero ya aprobados los pagos no tardaban más de un mes en hacerse. El problema es este 2024. Aun y cuando hay resoluciones con montos autorizados por la propia CEAV la misma comisión está diciendo que no tiene dinero, y tiene que pedirle a Hacienda y pues esa secretaría va programando conforme sus calendarios. No sé si porque es un año electoral pero los comicios ya pasaron y las víctimas siguen esperando”, dijo la abogada.
aag