A dos años nueve meses de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) emitió el primer fallo y los criterios para atender los casos de feminicidio, el cual derivó por la muerte de Mariana Lima Buendía, suscitada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en 2010, el asunto no ha avanzado y la familia de la víctima denunció amenazas.
Mariana Lima era esposa de Julio César Hernández Ballinas, ex agente judicial en la mencionada localidad, de quien se afirma la golpeaba y quiso hacer parecer su muerte un suicidio.
Ahora, Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana, difundió una carta a través del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), donde señala que su familia ha sido agredida, porque no se ha detenido en alzar la voz en la búsqueda de justicia.
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"Estas agresiones se han intensificado desde que cambiaron de penal al asesino. Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros.
"Hemos tenido que desplazarnos de la casa por el riesgo que corremos. Nuestra familia ha sido agredida, hostigada y seguida en múltiples ocasiones. Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos en nuestra contra", indica la misiva.
Este caso motivó que en marzo de 2015, la Primera Sala de la Corte emitiera los criterios que tienen que seguir las procuradurías de justicia del país en casos de muertes violentas de mujeres, los cuales deben ser investigados y juzgados desde una perspectiva de género, sin discriminación, para determinar si se trata o no de feminicidios. El fallo es histórico porque fue el primer pronunciamiento del alto tribunal.
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La sala ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investigar de nueva cuenta la muerte de Mariana Lima Buendía y "remover todos los obstáculos" de esta indagatoria y sancionar a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, situaciones que impidieron conocer la verdad de los sucesos.
Irinea Buendía dijo que es grave que las recomendaciones de la SCJN no se estén cumpliendo, porque -a pesar de la capacitación- siguen existiendo vicios y no se atienden los mínimos de estas recomendaciones.
"Observo que muchos casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que parecen haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, no se investigan con perspectiva de género para poder determinar si fueron o no feminicidios.
"Las autoridades, teniendo todos los protocolos a su disposición, nacionales e internacionales, no aplican ninguno, porque los desconocen, dejando nuestros casos en la total indefensión, abusan de nuestra ignorancia a sabiendas de que el Ministerio Público es nuestro defensor", reclamó la madre de Mariana.
jbh