Las autoridades de distintos niveles violentaron el derecho a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La verdad también ha sido una víctima en el caso Iguala (…) En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las victimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas”, dijo al presentar la Recomendación 15 VG/2018, relacionada con la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.
El ombudsman afirmó que las autoridades mostraron constantemente su “falta de cooperación” al negar el acceso de la información. Pero cuando llegaron a proporcionarla lo hicieron “de manera parcial, incompleta o revuelta”.
Señaló que la investigación de CNDH, la cual contiene más de un millón de hojas y mil 255 tomos, debe constituir "un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer" y corresponderá al próximo gobierno federal "enderezar y continuar las investigaciones penales".
Tras denunciar que la PGR también negó o hizo caso omiso a las solicitudes de información del organismo, aseguró que lo ocurrido 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, es una evidencia a nivel internacional de "las profundas deficiencias de la seguridad pública, así como de los sistemas de procuración e impartición de justicia".
"Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos ni puedan ser juzgados y subsista la impunidad".
Agregó que llama la atención que las acciones penales no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.
González Pérez advirtió que la colusión de autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de seis personas, lesiones a 41 y la desaparición forzada de 43.
Afirmó que en Iguala, “las autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas pero nadie hizo nada; con eso hubieran evitado un desenlace como se presentó”.
Expresó que las autoridades dieron por sentado que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados, cuando “la investigación que se acreditó fue desarrollada al margen de la ley”.
González Pérez aclaró que la recomendación, con 128 puntos, está dirigida a 16 autoridades, entre ellas el presidente Enrique Peña Nieto, la secretaría de Marina, el Ejército, la secretaria de la Función Pública, el titular de la SEP y el subprocurador jurídico de PGR.
Además del comisionado Nacional de Seguridad, de atención a víctimas, a los gobernadores de Guerrero y del Estado de México.
jbh