Un juez federal otorgó un amparo a Blanca Alicia Bernal Castilla, quien fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de desaparición forzada de personas a raíz de una diligencia en la investigación del caso Ayotzinapa realizada el 28 de octubre de 2014 y que encabezó el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
La sentencia ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso por lo que hace solo a dicho delito. De acuerdo con registros judiciales consultados, el fallo fue emitido en agosto por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Leopoldo Vargas ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Oriente celebrar una audiencia donde resuelva la situación jurídica de la agente del Ministerio Público Federal que estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En septiembre de 2020, se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura en agravio de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que se cree participó en el homicidio y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
También se le atribuyó delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos agravados. La sentencia ya fue impugnada por la FGR. Lo mismo hizo la ex agente, debido a que el juez no le concedió el amparo contra los demás delitos. Ahora, será un Tribunal Colegiado el que revise el caso.
Blanca Alicia Bernal permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
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El caso de la ex fiscal guarda relación con la diligencia del 28 de octubre de 2014, cuando Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, trasladó al presunto sicario El Chereje al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Bernal Castilla supuestamente firmó un oficio donde autorizó a la Policía Federal Ministerial cesar la custodia del presunto sicario para llevar a cabo una diligencia en la mencionada localidad.
Sin embargo, la FGR la responsabiliza por no encabezar dicha diligencia. También la imputan por la tortura a El Chereje, ya que dictámenes médicos registran lesiones que tenía cuando fue puesto a disposición de la Policía Federal Ministerial.
En 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever que se pudieron haber manipulado pruebas en el Río Cocula, un día antes del 29 de octubre de 2014, fecha en la que se hallaron dos bolsas de plástico en el afluente que contenían restos óseos humanos quemados.
Una de las bolsas tenía fragmentos que la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, señaló correspondían al estudiante Alexander Mora Venancio. En su momento, Tomás Zerón declaró que su presencia en el Río San Juan fue legal y ante representantes de la ONU y periodistas.
El ex director de la AIC presentó oficios y un video que justificaban su presencia. Manifestó que el video que presentó el GIEI, con el que se puso en duda su actuar, es una de las múltiples visitas que él realizó a municipios como Cocula, Iguala, Chilpancingo, Huitzuco, Tianquizolco y Mezcala, para encabezar “la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la procuración de justicia en México”.
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