Con declaraciones de testigos oídas, las cuales fueron “engarzadas”, un juez federal consideró que hay elementos que hacen presumir que cuatro militares tuvieron algún nexo con el grupo criminal Guerreros Unidos, además de responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el expediente del auto de formal prisión se detalla que los testigos protegidos aseguraron que se enteraron o sabían que recibían protección tanto de policías, autoridades y militares.
Para Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, las declaraciones “engarzadas unas con otras, permiten obtener una verdad, pues cada una de ellas tiene su propio papel incriminador, que aisladas no llegarían a la conclusión buscada”.
En la resolución donde sujetó a proceso al general José Rodríguez Pérez, por el probable delito de delincuencia organizada, así como al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, el juez consideró que existía una colusión de estas personas con los criminales.
Por ejemplo, el juzgador señaló, a partir de declaraciones de testigos, que Martínez Crespo y Mota Esquivel, junto con otras personas privaron de la libertad a 43 estudiantes, todo ello derivado del acuerdo que tenían con Guerreros Unidos para defender la “plaza" del ingreso de los “contras”, tras la disputa de territorio declarada por El Necho, conocido como El Señor de la I.
Además, se toman como base declaraciones de integrantes del 27 de Batallón de Infantería sobre lo que vieron el 26 de septiembre de 2014, fecha cuando los normalistas fueron atacados frente al Palacio de Justicia de Iguala; sin embargo, como los soldados no actuaron para defender a los normalistas, se consideró que José Rodríguez Pérez, entonces coronel del citado Batallón tenía un acuerdo previo con el grupo delictivo, debido a su omisión.
Testimonios
La investigación se funda en las declaraciones del testigo con nombre “Juan”, quien es Gildardo López Astudillo, El Gil, señalado en la pasada administración como el presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos y de haber ordenado la muerte de los estudiantes.
Los otros declarantes son identificados como “Carla”, “Neto”, “Azul”, “El Terco”, “Moisés”, “Damián”, “William”, “Aldeano”, “1.2.A”, “L.U.G.A”, “A.N.C.A”, “A.M.F”, entre otros.
El testigo "Neto" dijo el 22 de febrero de 2021 que trabajó directamente con Patricio Reyes Landa, El Pato, pero no tuvo acceso a reuniones ni a conocer a muchas personas, pues estaba en un nivel muy bajo; sin embargo, sabía que había personas militares y de la policía que trabajaban con la organización para darles libre paso.
Mientras que el testigo "Samuel" aseguró que tuvo contacto con Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva, quien le informó que "le habían dado en la madre a los contras que traían detenidos los policías en la Loma de Coyotes" y que estuviera pendiente de sus teléfonos y radios y que siguiera reportando. "Y ahí fue cuando me contó que él había subido al ejido de Cocula en el convoy de militares, estatales y ministeriales del estado, a tirar los contras", es decir a los estudiantes.
El pasado martes, Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, abogados de los militares, mencionaron que del auto de formal prisión dictado a sus defendidos se desprende que salvo los dichos del testigo protegido "Juan", "no existen evidencias" en el sentido de que los militares tuvieran relación con algún grupo criminal, ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos.
"Las imputaciones del testigo protegido 'Juan' refieren datos falsos, como la referencia de que cuando se detuvo a Reynaldo Benítez Palacios, El Guaraches se encontraba también el narcotraficante Mario Casarrubias Salgado al cual se dejó escapar; siendo que este último tenía más de un año preso en un Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social), cuando se detuvo al primero en 2015", enfatizaron.
Agregaron que el informe acusa injustificadamente al teniente Francisco Macías Barbosa de ser el inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin (uno de los estudiantes desaparecidos), y no adoptar medidas para buscarlo y protegerlo, lo cual, explicaron, es completamente falso, ya que el primero pertenecía al 50 Batallón de Infantería y el segundo al 27 Batallón, por lo que no tenían relación alguna.
Además, de que el teniente Macías Barbosa en esas fechas se encontraba comisionado en un centro de adiestramiento en Petatlán, Guerrero.