La tortura a la que es sometido uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, la cual fue difundida en video, forma parte de la investigación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició formalmente en 2015 por denuncias de tratos crueles e inhumanos contra personas arrestadas por supuestos vínculos con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos.
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MILENIO supo que el video no se conocía dentro de la indagatoria que se inició por estos hechos, pues no estaba en la averiguación previa.
Estos actos de tortura quedaron asentados en la causa penal del denominado caso Iguala, en el que se abrieron alrededor de 100 indagatorias por el delito de tortura en la Visitaduría General contra varios servidores públicos, entre ellos el policía federal ministerial Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes.
Ambos son quienes, según la investigación radicada con el número de expediente 65/2015-VII, detuvieron y torturaron a Carlos Canto Salgado, quien fue identificado como el sujeto que aparece en el video difundido a través de YouTube siendo interrogado maniatado, sentado y con los ojos vendados, a quien le colocan una bolsa en la cabeza para exigir una respuesta.
De acuerdo con versiones, la voz que se escucha interrogando a la víctima es de Carlos Gómez Arrieta, quien era jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR y ayer renunció como subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán.
Por estos hechos “se dio vista” al Ministerio Público de la Federación en 2014; la indagatoria comenzó en 2015 y alrededor de 100 causas penales que derivaron de ello pasaron a la después creada Unidad contra el Delito de Tortura, comentaron servidores públicos que participaron en estas investigaciones.
Luego de recibir una serie de denuncias por actos de tortura contra autoridades implicadas en diversas detenciones por el caso Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dio vista a la Visitaduría General de la aún PGR.
Esto con el propósito de que iniciara carpetas de investigación para determinar si en el caso del video difundido en redes sociales, así como en otros, se habían cometido tratos crueles e inhumanos contra los detenidos.
Hasta el momento, la difusión del video de actos de tortura no han alterado la resolución de la investigación en donde se determinó por parte de la DEA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la propia PGR que al menos 19 personas habían sido asesinadas en el basurero de Cocula y después fueron incineradas, con concluyó el último informe del caso Iguala.
bgpa