Un tribunal federal ordenó a un juez admitir la demanda de amparo que promovió el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien reclamó que la Procuraduría General de la República no ha reconocido a sus abogados como sus representantes legales en la carpeta de investigación que se integra contra él, su esposa y un empresario.
Barreiro es investigado como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha sido relacionado con Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado el recurso presentado por el queretano, quien alegó que el pasado 26 de febrero sus abogados solicitaron al Ministerio Público Federal fecha y hora para comparecer en la carpeta de investigación, para protestar el cargo de defensores.
En el recurso se menciona que para la PGR existía incertidumbre en la identidad de los representantes legales, ya que en distintos escritos presentados había diferencias en los rasgos de sus firmas.
Barreiro y los demás indiciados, por conducto de quienes se dicen sus defensores particulares, solicitaron el amparo contra lo expresado por PGR.
El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó la petición al considerar que los profesionistas de mérito no tienen reconocido ese carácter ante la autoridad ministerial dentro de la indagatoria, por lo que no pueden acudir al amparo con esa calidad.
El Tribunal Colegiado señaló que el juez de Distrito debió advertir que la demanda de amparo se presentó por quienes se ostentaron como abogados.
Los magistrados señalaron que queda excluida la exigencia de acreditar documentalmente la calidad que ostentan; de ahí que la postura asumida por el juez vulneró prerrogativas de los imputados.
“Es decir, no se comparte el pronunciamiento del juez de amparo al pretender que la presentación del juicio constitucional debe estar precedida por el reconocimiento por parte de la autoridad responsable de la personalidad del promovente, porque en esas condiciones, le representa un mayor perjuicio esa determinación que el acto reclamado en sí mismo, ya que le impide acceder a un medio de impugnación contra el acto de autoridad lesivo de sus derechos”, puntualizó el Tribunal que ordenó al juez admitir la demanda de garantías.
Hace unos días, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal dio luz verde a la PGR para que judicialice (consigne) las carpetas de investigación que integra contra el empresario Manuel Barreiro Castañeda, su esposa Ana Paula Ugalde y el empresario Juan Pablo Olea Villanueva.
El juez Patricio Leopoldo Vargas determinó negar la suspensión provisional a Barreiro, Ugalde y Olea, quienes solicitaron que se no se judicializaran dichas carpetas.
jbh