Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel propondrán al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar la consulta a trámite sobre las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial al considerar que es “notoriamente improcedente”.
En seis proyectos elaborados por las ministras se plantea que el máximo tribunal del país es competente para conocer la petición de los jueces, no obstante, coincidieron en que la solicitud no es procedente para su estudio.
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“La Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe desechar por notoriamente improcedente, la solicitud a que se refiere este expediente”, señalan los tres proyectos de la ministra Yasmín Esquivel.
En la lista de asuntos que se discutirán en la sesión de este lunes, están programados los proyectos 5/2024, 6/2024 y 7/2024, bajo la ponencia de Yasmín Esquivel y 1/2024, 2/2024 y 3/2024 de Lenia Batres.
De acuerdo con el proyecto 5/2024, elaborado por Esquivel Mossa, la ministra sostiene que la SCJN no tiene facultades para ir contra una reforma constitucional.
“Al resolverse la controversia constitucional 82/2001, el pleno de este alto tribunal resolvió que el carácter con el que el órgano reformador de la Constitución interviene en ese tipo de procedimientos, lo hace atendiendo un carácter exclusivamente constitucional, que no se equipara a ninguno de los órdenes jurídicos parciales, lo que implica una función soberana, que no está sujeta a ningún tipo de control externo”.
La semana pasada, la Corte admitió, con los votos de ocho ministros, una consulta a trámite que impugna la reforma judicial ante los argumentos de juzgadores de que viola la independencia judicial y la división de poderes.
La decisión de darle entrada provocó que la ministra Lenia Batres acusara que ese trata de un escenario de “golpe de Estado”.
“La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial. En el estricto cumplimiento de lo ordenado, en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, declaró.
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