Luego del aseguramiento de una finca operada por el crimen organizado en Tecalitlán, autoridades de Jalisco trabajan en confirmar quiénes son los actuales propietarios del sitio donde eran llevados a recuperarse personas heridas, del cual se rescataron a ocho.
“Estamos investigando quiénes pudieran ser los médicos que en su momento atendían a estas gentes en algún otro lugar, más bien ese lugar los enviaban una vez que fueron atendidos médicamente después de tener alguna lesión”, declaró Salvador González de los Santos, fiscal estatal durante la rueda de prensa semanal de seguridad.
Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, explicó que los propietarios originales del inmueble habían fallecido, por lo que la propiedad recayó en sus familiares directos. Actualmente, las autoridades trabajan para contactar a los hijos de los dueños originales con el objetivo de determinar quién tenía disponibilidad sobre la finca y esclarecer las circunstancias del caso.
Las personas rescatadas fueron privadas de la libertad en diferentes momentos y todas víctimas de reclutamiento forzado.
“Todos estaban contra su voluntad obviamente recuperándose de lesiones que habían sufrido previamente estando privados de la libertad”.
Las autoridades enfatizaron que, aun en supuestos donde el personal sanitario hubiese actuado bajo coacción o amenazas de grupos delictivos, persiste una responsabilidad legal por la omisión de no haber notificado oportunamente a las instancias correspondientes.
Sobre el estado de salud y la naturaleza de las lesiones de las personas, Blanca Trujillo señaló que “recordemos que había uno de ellos que tenía unos clavos metálicos producto de una cirugía, había otros que estaban utilizando muletas traían inflamación en sus piernas [...] Hubo personas que tenían lesiones simples, otras que tardaban más de 15 días en sanar, ninguno requirió hospitalización [...] algunas personas resultaron heridas cuando fueron llevadas a enfrentamientos”
La funcionaria explicó que los detenidos señalados por el caso han ejercido su derecho constitucional a guardar silencio desde el momento de su detención, manteniéndose en esa postura incluso ante el juez de control, quien los vinculó a proceso.
Finalmente, las autoridades analizan si existió omisión o conocimiento previo por parte de servidores públicos locales, considerando que la finca se localiza en la cabecera municipal de Tecalitlán y a corta distancia de la comandancia y puntos estratégicos de seguridad.
Aunque hasta esta etapa procesal no se han detectado elementos que acrediten colusión institucional, la fiscalía advirtió que de comprobarse alguna implicación, las acciones penales se extenderán directamente contra los funcionarios públicos involucrados.
SRN