El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un golpe estratégico a la estructura financiera y operativa del Cártel del Noreste (CDN) tras destapar una compleja red de lavado de dinero que va desde casinos fronterizos hasta activistas de derechos humanos y abogados de alto perfil para blindar sus actividades ilícitas entre Tamaulipas y Texas.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadunidense designó a seis objetivos bajo las órdenes ejecutivas de combate al fentanilo y terrorismo global.
La acción no solo bloquea activos, sino que expone cómo el CDN —antes conocido como Los Zetas— evolucionó para infiltrar sectores legítimos de la sociedad civil y el comercio.
El esquema de los casinos: Lavado y Tortura
El epicentro de la sanción es el Casino Centenario en Nuevo Laredo, operado por la empresa CAMSA.
Según el reporte del Tesoro, este lugar no era solo un centro de apuestas, sino una pieza logística del narcotráfico:
- Logística criminal: El establecimiento era utilizado como "clavo" o escondite para cargamentos de fentanilo y cocaína.
- Centro de operaciones: Se documentó que la trastienda del casino era utilizada por sicarios del CDN para torturar e intimidar a rivales o víctimas de extorsión.
- Impacto binacional: Por su ubicación a solo dos millas de la frontera, el casino atraía activamente a ciudadanos estadounidenses, quienes a partir de hoy tienen estrictamente prohibido realizar cualquier transacción con el inmueble.
La sanción se extiende al Diamante Casino en Tampico y su plataforma de apuestas digitales, cerrando el flujo de efectivo que el cártel integraba al sistema financiero legal.
La "Guerra de Desinformación": El caso Raymundo Ramos
Uno de los puntos más polémicos de esta designación es el señalamiento contra Jesús Reymundo Ramos Vázquez.
Washington lo identifica no como un defensor de derechos humanos, sino como un operador de desinformación en la nómina del CDN.
El Tesoro afirma que Ramos ha pasado más de una década utilizando el disfraz del activismo para litigar a favor de miembros violentos del cártel, fabricar quejas contra las fuerzas armadas mexicanas y organizar protestas pagadas con el fin de desacreditar las operaciones de seguridad pública y proteger la reputación de capos abatidos o capturados.
El enlace con El Z-40 y el tráfico de personas
La investigación también pone bajo la lupa al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, acusado de exceder su relación profesional con su cliente, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.
El Tesoro asegura que Penilla sirve como el "correo" o intermediario que permite a El Z-40 seguir dirigiendo al CDN desde su celda en México, facilitando la comunicación con el liderazgo actual y otros socios criminales.
Asimismo, fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, El Crosty, identificado como el "guardián" de las rutas de tráfico de personas en el Río Grande.
Islas supervisaba a los "pateros" y gestionaba las casas de seguridad donde se concentra el flujo de migrantes que el cártel utiliza como fuente secundaria de ingresos y escudo operativo.
"Cero tolerancia" a los facilitadores
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que esta es la tercera acción contra el CDN bajo la actual administración de Donald Trump, subrayando que la prioridad es desmantelar no solo a los sicarios, sino a los facilitadores que otorgan una apariencia de honorabilidad a la criminalidad.
"El CDN utiliza su influencia alimentada por el terror para sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar negocios locales", refiere el gobierno de Estados Unidos.
Con esta medida, quedan congeladas todas las cuentas bancarias y bienes de los señalados en territorio estadounidense, y se imponen sanciones civiles y penales a cualquier institución financiera que mantenga vínculos con esta red.
RM