Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará el miércoles un proyecto donde propone ordenar reponer el procedimiento e investigar presuntos actos de tortura contra dos integrantes del cártel del Golfo.
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Uno de ellos fue entrenado por el FBI y su desempeño le mereció entre tantos reconocimientos, uno del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal García, en 1992.
Se trata de Javier Aguilar Fuentes, El Comandante, ex jefe de Grupo de la Policía Judicial de Tamaulipas y ex jefe de Grupo de la Policía Judicial en Toluca, Estado de México.
Asimismo, de Álvaro Garduño Hernández o Alonso García García, El Güerco, quienes trabajaban para el cártel cuando era liderado por el capo Osiel Cárdenas Guillén desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
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El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá a sus homólogos de la Primera Sala revocar la sentencia de un Tribunal Colegiado y ordenar la reposición del procedimiento, además de investigar actos de tortura, lo que en el futuro podría beneficiar a ambos capos para recuperar su libertad.
El Comandante y El Güerco fueron capturados durante operativos simultáneos realizados en el Distrito Federal y en el Estado de México el 10 de agosto 2004, los cuales dejaron un total de 12 detenidos, entre ellos, Ramiro Hernández García, El Mati, principal operador del cártel del Golfo, señalado como el enlace con los colombianos para el suministro de cocaína de la organización.
Aguilar Fuentes tenías dos meses de haber renunciado a la jefatura de la policía de Tamaulipas cuando fue detenido con El Mati, en la casa de Hacienda de Corralejo 75, en Naucalpan, Estado de México, tras un operativo del Ejército.
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El personal castrense pudo asegurar 2.6 millones de dólares, 162 kilos de cocaína, un kilo de mariguana, ocho vehículos, 11 inmuebles y un laboratorio para alcaloides, este último en la Ciudad de México.
Se sabe que en febrero de 1998 Aguilar recibió entrenamiento por parte del FBI; se le especializó en casos de secuestro, supervivencia policiaca y asaltos bancarios.
También se le reconoció en 1993 por resolver homicidios y capturar a los delincuentes, entre otros, que recibió a lo largo de su carrera.
Aguilar y Garduño fueron condenados por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, resistencia de particulares y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
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En sus demandas alegaron que su detención fue ilegal, ya que no existió caso urgente ni flagrancia, además de que fue efectuada por elementos del Ejército y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión fueron diversas a las señaladas en la parte informativo de la puesta a disposición.
En el caso de Aguilar se menciona que la puesta a disposición fue prolongada, porque transcurrieron seis horas con 45 minutos desde la detención hasta que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.
Al ser detenido, no se le informaron sus derechos ni el motivo de su detención. Fue interrogado por los militares sin la presencia de su defensor antes de ser llevado al ministerio público. Con la información obtenida, los elementos captores siguieron investigando y deteniendo.
También que el ministerio público duplicó el término de 48 horas que tiene para consignar, pero pasaron 96 horas hasta que fue consignado ante el juez, por lo que fue retenido ilegalmente.
El ministro propone en su proyecto dejar firme las consideraciones sobre la prohibición de la tortura y la reposición del procedimiento y analizar las probanzas obtenidas de diversa indagatoria y causa penal, y ordenar que sean nuevamente valorados.