La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer nuevamente el caso Acteal que, en 1997, dejó un total de 45 indígenas de Chenalhó asesinados; por lo que ahora un ministro deberá estudiar un amparo, en el cual podría fijar criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento forzado interno.
Por mayoría de siete votos contra dos, el máximo tribunal del país ejerció la facultad de atracción en este asunto, por lo que también analizará la reparación integral en el caso y las acciones que deben emprender los tres poderes de la Unión para atender este tema.
Ministro deberá entregar proyecto
La propuesta fue presentada por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tras la solicitud que realizó un grupo de tzotziles de Chiapas, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González fueron quienes votaron en contra.
El togado, a quien le sea turnado el asunto, propondrá un proyecto al pleno de la Corte para revisar el alcance de las sentencias de amparo y las obligaciones de autoridades de los tres niveles de gobierno frente al desplazamiento forzado, en relación con el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los solicitantes de la atracción del asunto son integrantes de la organización Las Abejas, quienes denuncian la falta de atención estatal ante el desplazamiento forzado que sufrieron tras conflictos armados en la región de Los Altos.
Familiar de víctima recuerda caso
MILENIO presentó recientemente el testimonio de Manuel Méndez Paciencia, a quien le mataron a su esposa, Marcela, y a dos hijos, Lucía y Vicente, en la masacre de Acteal en 1997.
Los paramilitares que asesinaron a su familia y a 42 indígenas también quemaron su casa en la comunidad de Queshtic, municipio de Chenalhó, Chiapas, y lo obligaron a huir.
Durante cuatro años, Manuel, un hombre alto y delgado, de semblante sereno y arrugas profundas, estuvo desplazado en un campamento.
Ahora es parte de un grupo de 308 indígenas tsotsiles, pertenecientes a 12 comunidades de los Altos de Chiapas, que presentaron una demanda de amparo para que el Estado mexicano les repare de manera integral el daño por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
El día de la masacre, el 22 de diciembre de 1997, Manuel y su familia, junto con otros integrantes de la organización civil Las Abejas, se encontraban en una ermita en Acteal haciendo una oración para pedir que cesaran los asesinatos y las agresiones en la zona, cuando se empezaron a escuchar los disparos alrededor.
La masacre inició a las 11:00 horas y se extendió hasta las 19:00 horas. A 200 metros se encontraba un destacamento de la policía estatal. El saldo fue de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, asesinados.
RM