La defensa de los 8 militares señalados en el caso Ayotzinapa, a los que se les permitirá seguir sus procesos penales en libertad, señalaron que se busca fabricar culpables y acusaron a la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar acciones de intimidación.
Entrevistado en MILENIO Televisión con Carlos Zúñiga, César González, abogado del personal castrense, recordó que la resolución de amparó que benefició a sus clientes fue dictada por un tribunal colegiado, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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“Entiendo que la Fiscalía intentará las acciones legales, en este caso intimidatorias en contra de los impartidores de justicia y probablemente los abogados, pero la salida de nuestros clientes es inminente”, indicó.
“El caso, desde nuestro punto de vista, es generar culpables a cualquier costo, lo que estamos viendo hoy es consecuencia de una investigación desaseada por parte del ex subsecretario (Alejandro) Encinas”.
César González reiteró que sus clientes son inocentes y dijo que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fue consecuencia de una acción concertada entre el crimen organizado y autoridades municipales.
Militares deben cumplir medidas para liberación
De acuerdo con el abogado, para que los militares recuperen su libertad aún deben pagar una multa de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes a las autoridades y luego cumplir otras medidas, como no acercarse al lugar de los hechos o a testigos y exhibir un comprobante de domicilio particular.
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También entrevistado en MILENIO Televisión, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la resolución del tribunal colegiado se dio tras la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“En ese trato desigual, cuando hay militares procesados, del que se duelen las familias”, dijo.
“Nosotros lo que vemos en audiencia es que abogados militares siguen interviniendo y ese apoyo institucional del ejército a los acusados, desde la percepción de las víctimas, genera mucho la percepción de un apoyo institucional que abona la impunidad”.
Aguirre destacó que hubo avances cuando participaron el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el anterior fiscal especial del caso, Gómez Trejo, pues “producto de ellos se encontraron los restos de dos estudiantes en un paradero diferente al que se postula como paradero final”.
Para Aguirre, el principal obstáculo para resolver el caso es la falta de documentos por parte de la Sedena, como son los generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, los cuales “serían importantes para entender el contexto del caso y los funcionarios que tuvieron responsabilidad en la tortura”.
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GGA