La "verdad histórica" sobre el caso Iguala que defendió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -a cargo de Jesús Murillo Karam- sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa llegó a su fin después de cinco años y cinco meses.
El actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció nuevas pistas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" y solicitó 46 órdenes de aprehensión contra diversas autoridades del estado de Guerrero.
“Normalistas fueron incinerados”
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario hace 5 años.
Junto al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, contra quien hoy existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración y ocultamiento de pruebas en la investigación de los normalistas, Murillo Karam dio a conocer las conclusiones de las pesquisas que la PGR realizó para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad y Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos.
“Quien quiera dudar de esto yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público fueran coadyuvantes en la defensa; nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados (los responsables) y castigarlos (por secuestro agravado y desaparición forzada) con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar”, expresó.
El procurador aseveró que no existe una prueba que involucre al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza) lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, advirtió.
Dejó claro que la investigación no podía cerrarse hasta que no se castigue a todos los responsables.
"Cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada, mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables no puedo cerrarla, es decir, no es la palabra adecuada, pero si usted me pregunta los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron, yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos”, explicó
Normalistas fueron señalados como integrantes de Los Rojos
Tomás Zerón aseguró que el móvil del crimen fue porque “los estudiantes fueron señalados por los delincuentes (de Guerreros Unidos) de formar parte del grupo antagónico (Los Rojos) de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida”.
Sin embargo, Murillo Karam puntualizó que no había elementos que confirmen la afirmación de que eran parte de Los Rojos.
“La Procuraduría no puede decir que ninguno de ellos pertenecía a ningún grupo delictivo. Incluso le digo, con toda franqueza, yo creo que la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían más deseos de ser maestros y de estudiar que de cualquier otra cosa y que por eso se ajustaban a lo que les pedían. Yo los veo auténticamente como las víctimas más dolorosas de todo este proceso”, manifestó el procurador.
Derivado de los elementos que obran en el expediente, abundó Murillo Karam, “permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a duda, a concluir que los estudiantes Normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden”.
Crean comisión del caso Iguala; investigación de PGR no fue “imparcial”
La “verdad histórica” fue refutada en abril de 2012 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas, mismo que ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala porque aseguró que la indagatoria de la PGR no fue “imparcial” e independiente y había indicios de que los principales acusados fueron torturados.
A partir de ahí, los principales líderes de Guerreros Unidos comenzaron a ser liberados, pese a existir indicios en su contra, pero por violaciones al debido proceso libraron los cargos.
La resolución de Colegiado derivó del amparo que promovieron Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, a quienes se ordenó reponerles el procedimiento, fallo que le abrió las puertas de la cárcel al resto de los implicados.
irh