El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, hay una relación cercana entre criminales y autoridades.
Al hacer la presentación del tercer informe del organismo, los expertos informaron que existen conversaciones que refieren la relación entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y personal de la Secretaría de Marina (Semar), alcaldes, policías de varias corporaciones y regiones.
"Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos", indicaron en conferencia de prensa.
"También hay evidencia en diversas conversaciones de comunicación y actividades conjuntas entre grupos delictivos y militares. Hay referencias a jales, comidas, tenientes, entre otros", dieron a conocer.
El GIEI manifestó que ante la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión por el Ministerio Púbico contra presuntos implicados, no se conoce el fundamento de por qué no se cumplimentaron.
En agosto de este año, el gobierno de México dio a conocer el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante campaña en 2018 fue esclarecer la desaparición forzada de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que fue un crimen de Estado, en el cual participaron delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, así como funcionarios federales.
Posteriormente, el GIEI informó el 22 de agosto pasado que no tuvo acceso ni examinó el material del cual surgieron las capturas de pantalla que estructuran la narrativa de los acontecimientos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el informe presidencial del caso; e indicaron que tampoco habían accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos.
El grupo integrado por Ángela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox, solicitó tener acceso no sólo a lo que se incluyo en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información, para analizar a profundidad el contenido obtenido por la COVAJ y emitir sus valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.