La Secretaría de Gobernación catalogó como “inaudito” que Estados Unidos diera asilo político al juez de barandilla José Ulises Bernabé, pieza clave en la versión de que el Ejército participó en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y quien cuenta con una orden de aprehensión en nuestro país.
El tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa señala que el tribunal de migración estadunidense ignoró una orden judicial contra el juez que presuntamente omitió registrar las bitácoras el ingreso de 17 estudiantes a la comandancia municipal de Iguala, Guerrero.
“Es inaudito que un tribunal en Estados Unidos minimizara múltiples declaraciones que obran en expedientes ministeriales y judiciales en México, la ficha roja y la orden de aprehensión en su contra, y en cambio, concediera el asilo político a una persona que evidentemente tiene información relacionada con los hechos vinculados a la desaparición”, expone el documento.
La aprobación del asilo político se dio a pesar de que Bernabé estuvo involucrado en la desaparición de los jóvenes y a que se contaba con una ficha roja emitida a la Interpol en la que se pedía su detención.
Sobre dicha decisión, el informe asegura que las autoridades estadunidenses no informaron oficialmente al gobierno mexicano.
“La Corte de Estados Unidos determinó en su resolución de 7 de enero de 2020, suficientes y creíbles sus dichos a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó durante el proceso que Ulises 'N' estuvo involucrado en la desaparición de los jóvenes, basado en declaraciones de testigos, así como una ficha roja activa emitida por la Interpol, en la que se solicitaba su detención por delincuencia organizada y secuestro, pero todo fue desestimado. México no fue informado”, se lee en el informe.
Las autoridades sostienen que José Ulises Bernabé habría sido omiso al no registrar la entrada de los jóvenes a la comisaría y que eso permitió que los estudiantes fueran entregados al subdirector de Seguridad Pública del municipio “para que fueran trasladados a otro destino y finalmente entregados a miembros de la organización delincuencial Guerreros Unidos”.
Por su parte, el juez de barandilla solicitó el asilo político en Estados Unidos al sostener que era perseguido por ser “detractor de la verdad histórica” al asegurar que el Ejército estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
La Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América consideró verídico el testimonio de José Ulises Bernabé y, con ello, concluyó que las fuerzas federales también formaron parte activa de la desaparición de los jóvenes.
“Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intricado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables d este horrible accidente”, sostiene la declaración de las autoridades estadunidenses que dieron asilo al juez de barandilla.
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