Taxco de Alarcón se convirtió nuevamente en epicentro de dolor e indignación luego de que la madrugada del pasado 28 de marzo fue localizado el cuerpo de Camila Gómez Ortega, una menor de ocho años de edad que habría sido secuestrada y asesinada un día antes.
La noticia cimbró a los habitantes de Taxco que, cegada por la impotencia y el coraje, tomó una decisión radical e intentó hacer "justicia por mano propia".
Aunque en un inicio las protestas que se desataron tuvieron como objetivo presionar a las autoridades aprehender a los presuntos responsables del crimen. La difusión de los videos de las cámaras de vigilancia del barrio La Florida -donde fue vista por última vez con vida la menor de edad- cambiaron el rumbo de la historia de su búsqueda.
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En cuestión de horas, habitantes del Pueblo Mágico bloquearon la avenida de Los Plateros y establecieron un plantón afuera del domicilio de los supuestos involucrados en el secuestro y asesinato de Camila Gómez Ortega para evitar su fuga.
Pese a que agentes ministeriales se encontraban tramitando ante el juez correspondiente las órdenes de cateo y aprehensión, la furia de los familiares, vecinos y colectivos feministas que participaban en las manifestaciones se desató.
Antes de la intervención de algún cuerpo de seguridad, un grupo de hombres y mujeres sacaron de su domicilio a una mujer identificada como Ana Rosa "N", quien fue señalada como la encargada de coordinar el secuestro de la pequeña Camila para después abandonar su cuerpo junto a sus cómplices en un paraje de la autopista Taxco - Cuernavaca, a escasos pasos de la caseta de Zacapalco.
Los primeros reportes sobre la autopsia de ley practicada al cuerpo de la menor apuntan como causa de muerte un ahorcamiento, sumado a lesiones, según confirmó uno de sus familiares a Milenio.
Tanto la mujer como sus dos hijos identificados como Áxel Alejandro y Alfredo "N" de 21 y 18 años de edad, fueron objeto de una brutal golpiza por parte de las y los manifestantes que, al grito de ¡Las niñas no se tocan!, buscaron justicia para la pequeña de ocho años asesinada.
A través de redes sociales circularon grabaciones de cómo la presunta victimaria de Camila Gómez Ortega fue agredida físicamente por hombres y mujeres que la patearon, desnudaron y arrastraron por el asfalto sin que ninguna autoridad interviniera para resguardarla.
Horas más tarde, el Secretario de Seguridad Pública de Taxco de Alarcón, Doroteo Eugenio Vázquez, informó que Ana Rosa “N” falleció por los golpes que le propinaron mientras era trasladada a las inmediaciones del Ministerio Público. Sus hijos, también lesionados, lograron recibir atención médica en el Hospital General de Iguala de la Independencia.
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El linchamiento de la presunta victimaria de la menor de edad dividió la opinión pública. Mientras algunas personas defendieron el actuar de los pobladores de Taxco, otras lo definieron como un reflejo de la poca confianza que la ciudadanía tiene en las autoridades ante la impunidad que se ha hecho presente en su cotidianidad.
El trágico episodio y tumulto reportado en Taxco de Alarcón la tarde del jueves 28 de marzo, se convirtió en un ejemplo más del largo historial de linchamientos registrados en México.
El fenómeno social de los linchamientos en México
En un informe de Causa en Común sobre las atrocidades y eventos de alto impacto registrados en México a lo largo de 2023, el linchamiento se define como una agresión física cometida por un grupo, turba o multitud en contra de una persona que provoca su muerte.
El registro realizado por la organización civil señala que, de enero a diciembre del año pasado, se reportó el linchamiento de al menos 19 personas en territorio nacional y el intento de 179, cifras que reflejan un fenómeno y problemática que forma parte de la sociedad mexicana, al menos desde 1897.
En 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emitió un informe especial sobre los linchamientos en territorio nacional en donde señalan el acto como naturalmente violento porque refleja el daño físico a personas que han sido consideradas como actores negativos de la comunidad por haber cometido o intentado realizar un acto delictivo, aunque también ha sucedido por sospechas.
"La violencia de la comunidad al desbordarse puede derivar en el homicidio previo acto de suplicio; quemados, ahorcados, crucificados, a palos a piedras, etc.; la violencia colectiva ilustra el hartazgo de la comunidad que reclama justicia, la que no han percibido en años", se lee en una parte del reporte de la CNDH y el IIS.
Aunque el fenómeno del linchamiento es multifactorial y complejo, las investigaciones han identificado algunas variables que intervienen: como los niveles de violencia social, la percepción de inseguridad y la impunidad.
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Dichas variantes, que comparten los grupos sociales, provocan que las comunidades se unan y actúen bajo un mismo objetivo.
"Las sensaciones individuales se interconectan y forman una colectividad enardecida en búsqueda de un objetivo común, el desquite socialmente manifiesta el sentimiento de reclamo por la ausencia de justicia, un hartazgo individual que encuentra un eco abrumador en los demás sujetos que comparten un sentimiento moral de indignación construido por la experiencia inmediata", se expone en el citado informe.
En entrevista con Elisa Alanís para Milenio, el periodista especializado en delincuencia organizada Óscar Balderas indicó que las y los habitantes de Taxco de Alarcón llevan años sometidos a una incapacidad de luchar contra criminales y el delito, factores que detonaron con la atrocidad cometida en contra de la pequeña Camila.
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Pese a que los componentes que motivan los linchamientos, su origen está relacionado con un Estado de Derecho fallido, la violencia colectiva que se presenta se encuentra fuera de toda aceptación gubernamental por irrumpir en la impartición de justicia legal, violentando todos los procesos que han sido creados para el ejercicio legítimo de la fuerza, esto incluye la presunción de inocencia, el trato digno del imputado, su derecho a ser juzgado o a contar con una defensa legal, etc.
Los linchamientos se encuentran prohibidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano, no obstante, los casos se han acentuado en diversas regiones del país en donde las personas deciden hacer justicia por si mismos sin que exista una consecuencia penal efectiva que inhiba la repetición de los actos.
Los linchamientos más destacados
Además del linchamiento de la presunta secuestradora de la pequeña Camila, diversos casos han acaparado la atención mediática en México.
Uno de los más recordados ocurrió en junio de 2022, cuando el joven Daniel Picazo González, un abogado y asesor de una diputada federal, fue detenido, golpeado y linchado hasta la muerte por un grupo de alrededor de 200 habitantes de la localidad de Papatlazolco, en el estado de Puebla.
El crimen estuvo motivado por un rumor que empezó a correr en días previos a través de grupos de WhatsApp y Facebook en el que se advertía que en la localidad había gente foránea robando niños para, presuntamente, traficar sus órganos. Habitantes de la comunidad señalaron al joven de 31 años de ser una de aquellas personas, lo que provocó el tumulto.
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Tras el linchamiento de Daniel, autoridades confirmaron que el joven no estaba involucrado en las actividades delictivas que le señalaron los habitantes de la comunidad de Puebla, además de que esos rumores llevaban años circulando en zonas aledañas sin que se contara con ningún tipo de confirmación.
El “rumor” de los robachicos
En agosto de 2018, el mismo rumor de robo de niños desató el linchamiento de una pareja en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan del municipio de Tula de Allende, en Hidalgo. Al hombre y a la mujer señalados les rociaron gasolina y les prendieron fuego, según confirmó el entonces secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
Un año antes, pobladores de Chiapilla en Chiapas quemaron a tres hombres por su presunta responsabilidad en el robo de un automóvil. Supuestamente, el propietario del vehículo se percató de las intenciones de los occisos y llamó a la policía, sin embargo, ante la posibilidad de que los dejaran en libertad por la falta de flagrancia, pobladores se los arrebataron a los uniformados y los golpearon hasta la muerte para posteriormente incendiarlos.
El historial de casos de linchamiento en México es extenso, desde presuntos ladrones hasta extorsionadores, secuestradores o perpetradores de múltiples actividades delictivas han protagonizado los violentos episodios a través de los cuales pobladores y víctimas buscan obtener lo que el Estado ha sido incapaz de darles a lo largo de los años: justicia.
ATJ