María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y activista originaria de Oaxaca, es víctima sobreviviente de uno de los casos de violencia ácida de mayor impacto en México.
El 9 de septiembre de 2019, en el municipio de Huajuapan de León, la joven sufrió un intento de feminicidio cuando tres hombres ingresaron a su domicilio y le arrojaron ácido directamente al rostro y cuerpo.
El caso de María Elena Ríos
Tras haberle arrojado ácido, el ataque le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en 80 por ciento del cuerpo, lo cual derivó en secuelas permanentes que requirieron múltiples cirugías reconstructivas.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca determinaron que la agresión se ejecutó mediante una estructura planificada de autores intelectuales y materiales.
Las autoridades señalaron como principal responsable a Juan Antonio Vera Carrizal, empresario gasolinero y ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quien la víctima había mantenido una relación sentimental marcada por amenazas.
Junto a él, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, fue identificado como coautor intelectual. A Vera Carrizal lo aprehendieron el 6 de abril de 2020, en tanto su hijo se mantiene prófugo de la justicia hasta el momento.
Tres hombres adicionales fueron contratados y dotados del químico para llevar a cabo la agresión física a cambio de una fuerte retribución económica.
Estatus del proceso legal
El desarrollo del proceso judicial contra los imputados ha acumulado amparos, suspensiones de audiencias y relevos de jueces durante más de 6 años.
A pesar de encontrarse en prisión preventiva oficiosa desde su entrega, para enero de 2023 Vera Carrizal había promovido decenas de recursos legales para modificar su medida cautelar por el arraigo domiciliario por temas de salud, el cual estuvo a punto de obtener gracias a un magistrado.
Lo cierto es que ante las quejas de la saxofonista y los pronunciamientos de autoridades como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento era el presidente de México, lograron que la decisión fuera revertida.
A Elena Ríos y su familia se les incluyó en el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, lo cual dieron a conocer el 3 de abril de 2023 cuando autoridades rechazaron reclasificar el delito a lesiones; esto último solicitado por Vera Carrizal.
Para agosto de ese mismo año, Gabriel Ramírez Montaño, juez en turno, decidió absolver al empresario, sin embargo, el Poder Judicial de Oaxaca anuló tal determinación y mantuvo preso al presunto agresor de la saxofonista.
A temprana hora de éste 20 de mayo de 2026, Ríos dio a conocer en su cuenta de X que hoy se daría a conocer el veredicto final sobre su caso, en donde las autoridades revelarían si el empresario obtendrá la absolución o no".
"Hoy se decide si absuelven definitivamente a Juan Antonio #VeraCarrizal y a los que contrató PARA MATARME con #ácido en 2019".
La Ley Malena
El activismo de María Elena Ríos tras su recuperación médica impulsó un cambio normativo en el Código Penal Federal y en los congresos locales de México mediante la iniciativa denominada "Ley Malena".
Este paquete de reformas jurídicas tipifica los ataques con ácido, sustancias químicas, corrosivas o inflamables como un delito autónomo calificado como intento de feminicidio, en lugar de juzgarse bajo el rubro menor de "lesiones".
La ley establece penas que alcanzan hasta los 30 años de prisión y contempla agravantes cuando la agresión cause deformidad incorregible, afecte órganos vitales o sea perpetrada por parejas o ex parejas de la víctima.
KVS