Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ya no proporcionará ningún tipo de información de la defensa en el proceso de extradición contra su cliente así como tampoco qué despacho le representará en España, donde está preso el ex funcionario.
En un comunicado, el despacho Coello Trejo y Asociados informó que Emilo Lozoya, “únicamente él”, decidirá la defensa que le representará en el juicio de extradición que se llevará a cabo en la Audiencia Nacional española, con fecha por definir.
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El escrito señala que a partir de que Lozoya se entrevistó con Coello Trejo en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre “nos ha instruido que por el momento no demos declaración e información alguna respecto a los procedimientos legales”.
“Como se debe entender el respeto a la instrucción de nuestro cliente no puede ser violada, por lo que les agradeceremos a los medios su interés y comprensión”, explica el comunicado.
El gobierno de México contrató los servicios del despacho de abogados Garrigues, que tendrá como objetivo la extradición de Lozoya para ser juzgado en territorio mexicano, pese a que el ex director de Pemex no quiere volver a México debido a que teme por su seguridad, según Coello Trejo.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó el 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para Lozoya por entender que existe riesgo de fuga, ya que en el momento de su detención se identificó con una licencia de conducir mexicana con su fotografía, pero con el nombre de Jonathan Solís.
Lozoya fue arrestado en las afueras de una lujosa zona residencial en Marbella por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.
El ex director de Pemex se encuentra ingresado en el módulo cinco de dicha cárcel malagueña, en espera de su traslado a Madrid. En este módulo están los internos preventivos primarios, es decir, aquellos que ingresan por primera vez en la cárcel.
Desde la semana pasada empezó a contar el plazo de 45 días que el gobierno de México tiene para enviar toda la documentación del caso a España, en la que deberá argumentar los motivos por lo que solicita la extradición del ex director de Pemex. En caso de que los incumpla el juez ordenaría su libertad al día siguiente.
Hasta el momento, el gobierno de España no ha recibido ninguna de la documentación requerida, aunque el Ejecutivo mexicano tiene todavía 30 días para hacerlo. El proceso de extradición podría durar meses o incluso un año, como sucede en estos casos aquí en España.