La Corte de Distrito del Sur de Texas definirá el próximo viernes si el ex dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, es o no liberado del Centro de Detención del Condado de Webb, mientras se desahoga su petición de asilo político para permanecer en Estados Unidos.
Olvera Amezcua presentó un habeas corpus solicitando su libertad debido a su delicado estado de salud y ante el temor de contraer covid-19. En México, cuenta con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La audiencia está programada a las 14:30 horas, donde el ex dueño del Ficrea y dos personas más que firmaron el recurso, cada uno asesorado por su propia defensa en Estados Unidos y con el apoyo de organizaciones de derechos humanos en Texas, demandaron su liberación por motivos de salud.
MILENIO buscó a su abogado Jorge Luis Martínez Ocampo, quien dijo desconocer la situación del procedimiento migratorio en Estados Unidos de Rafael Olvera.
"Soy el abogado penalista en México, y actualmente se están ventilando dos juicios de amparo en México contra dos órdenes de aprehensión que tiene vigentes, es todo lo que puedo informar ya que desconozco la situación en EU”.
Olvera Amezcua fue arrestado en mayo de 2019 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), después de cinco años de estar viviendo en Estados Unidos.
El 7 de febrero de este año, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, libró una orden de captura contra Olvera Amezcua para que sea puesto a disposición del juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Sur.
El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la Fiscalía General de la República como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.