Un Tribunal Federal rechazó amparar a Brenda Quevedo Cruz, quien este año cumplirá 16 años en prisión por su probable participación en el secuestro y desaparición del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, quien impugnó que un juez no quiso ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) que continuara con la indagatoria sobre la supuesta tortura que sufrió tras su detención en 2007.
Por unanimidad, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la sentencia que le negó la protección de la justicia en primera instancia a la quejosa.
En sesión celebrada, el magistrado ponente Jorge Isaac Lagunes Leano explicó que consta en autos que fue materia de debate el tema de tortura en la audiencia, pero la asesora federal fue omisa en señalar qué elementos existían para que el Ministerio Público Federal continuara con la indagatoria.
Asimismo, explicó que, en la misma diligencia, el juez de control detectó que este tema ya había debatido por una autoridad judicial distinta que resolvió en definitiva que no existía la conducta, de la forma en que fue planteada.
Sin embargo, el tema relevante, destacó el magistrado, es que consta en autos que la propia Brenda Quevedo manifestó a la autoridad ministerial “que no quería ser evaluada por los médicos o los peritos” que se llevaron para constatar si existía o no evidencia que había sido torturada.
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El magistrado subrayó que propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que la negativa de ser evaluado constituye un impedimento para continuar con la indagatoria en un delito de tortura.
La propuesta de negativa de amparo fue apoyada por sus homólogos Héctor Vargas Becerra y Silvia Estrever Escamilla.
El magistrado Vargas Becerra dijo que existen un sinnúmero de precedentes nacionales e internacionales para salvaguardar la dignidad de las personas que son víctimas de tortura, pero si finalmente quien solicita la apertura de la diligencia en la audiencia no es capaz de proporcionarle los datos suficientes para justificar la pretensión que se quiere, pues no hay razón para que un juzgador resuelva de una manera que no esté justificada.
A su vez, la magistrada Silvia Estrever consideró que la asesora jurídica de la quejosa no aportó los elementos suficientes para que el juez ordenara a la FGR continuar investigando el asunto.
Cabe mencionar que, en noviembre de 2020, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México.
Lo anterior dio origen a la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, la cual quedó radicada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, de la FGR.
En enero del presente año, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso de Brenda Quevedo.
“La CIDH informó que estudiará las posibles violaciones a sus derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, protección judicial, igualdad ante la ley y derecho a no ser objeto de tortura, además de que podrá analizar la vulneración a la integridad psicológica de sus familiares”, mencionó el IFDP.
Brenda Quevedo fue capturada con ayuda del FBI en Louisville, Kentucky, en 2007, a raíz de una orden de aprehensión que otorgó un juez federal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por el homicidio del hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
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