En septiembre de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, y a su esposa Inés Gómez Mont, de ser los supuestos líderes de una organización delictiva a través de la cual se habrían desviado, con empresas fantasma, más de dos mil 500 millones de pesos del erario.
El juez que recibió el caso consideró que había indicios suficientes para girar las ordenes de aprehensión en su contra por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, derivado de que se habían identificado en sus cuentas bancarias una fracción de los recursos malversados. Sin embargo, consideró que los elementos aportados eran insuficientes para consideraros líderes de la organización criminal.
La defensa del empresario promovió desde hace tres años un juicio de amparo considerando que la orden de aprehensión está planteada sobre una imputación que no se sustenta y contiene yerros. Hasta la fecha, la resolución de dicho juicio de amparo sigue en suspenso.
Meses antes de que se giraran estas órdenes de aprehensión, el matrimonio migró hacia los Estados Unidos. Posteriormente, solicitaron un asilo bajo el argumento de que las acusaciones son una supuesta persecución política en su contra.
MILENIO tuvo acceso al documento completo de la orden de aprehensión girada por el entonces juez federal Iván Aarón Zeferín Hernández el 12 de septiembre de 2021 dentro de la causa penal 314/2021 en contra de Gómez Mont y de Álvarez Puga. A partir de ello, se destacan los puntos clave del caso.
La denuncia y los recursos desaparecidos
En 2019, luego del cambio de gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una serie de auditorías internas relacionadas con los contratos de seguridad que se habían adjudicado en las administraciones pasadas y en los que habría sospechas de posible corrupción.
A su vez y a partir de reportes de posibles actividades inusuales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada en aquel momento por Santiago Nieto, inició una serie de indagatorias ante el alertamiento de operaciones inusuales de una red de empresas que habían sido proveedores del gobierno.
El foco rojo se identificó específicamente en una empresa con razón social Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. DE C.V., que fue beneficiaria de dos contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para facilitar la puesta en marcha de un C4 abocado a la seguridad de los penales federales y y para ejecutar la interconexión de todos ellos. Dichos contratos fueron firmados el 18 de agosto y 17 de octubre de 2016.
Sin embargo, las auditorias posteriores revelaron que dichos servicios no se implementaron conforme a lo pactado, y que dicha empresa tenía el perfil de una compañía que simulaba sus operaciones facturadas, es decir, se trataba de una empresa fantasma. Los recursos fueron triangulados hacia otras instituciones con las mismas características.
A partir de ello, se presentaron las denuncias ante la FGR que inició la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019, a cargo de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y, concretamente, de su unidad especializada en investigación de lavado de dinero.
La conexión Puga-Gomez Mont
En el transcurso de la indagatoria, los investigadores documentaron que el dinero que llegó a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. DE C.V. fue transferido en diversos movimientos y montos a cuentas a nombre de las empresas Rancel S.A. de C.V., Modemo S.A. de C.V., Comcelint S.A. de C.V., Tecnología e Innovación Arrimplo S.A. de C,V., Gupea Construcciones S.A. de C.V., e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V. Se trata, de acuerdo con la indagatoria, de empresas fantasma.
A su vez, dichas compañías dispersaron el dinero a una extensa lista de más de 100 personas físicas y morales. Es aquí donde aparece el nombre de Inés Gómez Mont, quien recibió recursos de dos compañías: Tangamanga, de cuyas cuentas salieron 12 retiros en beneficio de Gómez Mont por siete millones 395 mil pesos; y Gupea, de cuya cuenta se hicieron 15 retiros en beneficio de la conductora por siete millones 448 mil 816 pesos.
EL DATODepósitos a Gómez Mont
En total, la FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por un total de 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5 por ciento de los más de dos mil 500 millones que presuntamente fueron desviados.
Álvarez Puga, por su parte, recibió en su cuentas abierta en la institución financiera Brickell Bank recursos en moneda extranjera por 109 mil dólares provenientes de una de las cuentas de Gupea Construcciones, que los fiscales consideran tienen como origen los recursos públicos malversados.
Beneficiarios, no líderes: juez
En su indagatoria la SEIDO procedió en contra de 12 particulares y ex servidores públicos federales, y contra de siete empresas. A todos los señala por formar parte de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2019 para lavar dinero, cada uno con distintos niveles de jerarquía en la estructura criminal.
Según la FGR, en este supuesto grupo delictivo los líderes eran justamente Gómez Mont y Álvarez Puga, por tanto, ellos serían los principales beneficiados de los miles de millones de pesos desviados del erario.
“El primer grupo de la organización innominada se encuentra integrado por quien la encabeza, con función de dirección y siendo, además, beneficiarios reales finales de los recursos operados a través del sistema financiero, siendo estos: Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena, quienes, además, pretendieron justificar la recepción de los recursos con una relación laboral con las empresas utilizadas, a través de la recepción de CFDI por supuestos ingresos asimilados al salario”, indica la imputación realizada con la que se solicitaron las órdenes de captura.
Sin embargo, en su resolución el juez Zeferín Hernández desestimó este señalamiento tras concluir que la Fiscalía no acreditó con los datos de prueba iniciales que la presentadora de televisión organizó el presunto fraude, y menos de que fuera la principal beneficiaria del mismo.
“Aunque la fiscalía apunta que Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga tendrían el carácter de directores, administradores o supervisores de la organización, este aspecto hasta el momento no está acreditado, pues lo único probablemente corroborado es que fueron beneficiarios, junto con las demás personas, aparentemente en un mismo rango jerárquico; por ello, no se les puede dar esta calidad (de directores o líderes)” advierte el juez en su resolución.
Este tema es importante porque, de acuerdo con lo establecido en la norma penal federal, los líderes de una organización criminal pueden alcanzar hasta 40 años de prisión, pero si no lo son, la eventual pena se reduce a la mitad.
El blindaje y las filtraciones
Aunque la indagatoria se inicia en 2019, fue hasta el 12 de septiembre de 2021 cuando la entones FGR solicitó las órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont. Ello ocurrió justo diez días después de que el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentara su renuncia al cargo.
Indagatorias internas de la propia FGR señalan que, durante su permanencia en el cargo, el ex consejero habría operado para dificultar la acción penal en contra de Puga y de otras personas cercanas a este. Ello en conclusión con funcionarios de la propia SEIDO, que, a la postre, fueron separados de su cargo.
Lo cierto es que desde principios de 2021, tanto Álvarez Puga como su esposa migraron hacia los Estados Unidos. Tras vencerse su periodo autorizado de seis meses, por lo menos, el empresario salió y regresó de forma ilegal a territorio estadunidense. Es decir, para el momento en que se giraron las órdenes de captura ya se habían dado a la fuga.
Al momento de girar la orden de aprehensión en contra del matrimonio, el juez Zeferín Hernández acusó que, de forma indebida, se habían filtrado datos de la carpeta de investigación con antelación e incluso la emisión de una orden de detención que apenas estaba ocurriendo.
El punto fue de tal gravedad que el juez le dio vista directa al entonces titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, para que se indagara y se procediera en contra de los funcionarios de la fiscalía que resultaran responsables, tras subrayar que estas filtraciones eran una actitud reiterada de parte de las autoridades ministeriales.
EHR