Un juez federal rechazó amparar a Antonio Tarek Abdalá Saad, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba echar abajo dos órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y abuso de autoridad.
El ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, que fue pieza clave para llevar a prisión y sentenciar al ex gobernador Javier Duarte, es señalado por probablemente disponer, junto con otros ex funcionarios, de 2 mil 300 millones de pesos con lo que se dejó de proveer de elementos de salud a los veracruzanos.
También, porque como tesorero hizo uso de 303 millones 915 mil 816 pesos retenidos al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, para un fin distinto al que estaban destinados, pues ordenó que se transfirieran a una cuenta única de la Tesorería destinada a la administración de los recursos públicos estatales para gasto corriente.
La sentencia consultada menciona que las órdenes de captura fueron giradas el 4 y 6 de septiembre de 2018, por Ihali Patricia Armas Márquez y Mónica Segovia Jácome, ambas juezas de control en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.
Los mandamientos fueron solicitados por los fiscales Cuarto y Octavo, ambos especializados en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos.
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Tarek Abdalá alegó que no se justificó la necesidad de cautela, es decir, no se le debió ordenar aprehender porque pudo ser citado a comparecer para conocer las imputaciones y emprender su defensa.
La jueza Ihali Patricia Armas argumentó que se acreditaba la necesidad de cautela, porque el 15 de junio de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado lo invitó a comparecer, cuando era diputado federal, pero no acudió.
“Por lo que al haber terminado dicho encargo y en consecuencia dejó de tener fuero, además de conocer de la existencia del expediente de referencia y la calidad que tiene, existía de manera fundada la posibilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia dejando imposibilitada a la fiscalía para iniciarle el proceso penal”, indicó la juzgadora.
Por su parte, la jueza Mónica Segovia sostuvo la idoneidad de la medida, al desconocerse el paradero de Tarek Abdalá donde pudiera ser localizado. El juez de amparo que conoció la demanda consideró que las órdenes de aprehensión están fundadas y no se le violentó sus derechos humanos.
“En el particular…las responsables para el dictado de las órdenes de aprehensión reclamadas tomaron en consideración las referencias que las fiscalías hicieron respecto a los datos probatorios que establecen, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito (coalición y abuso de autoridad) y que las llevó a establecer que existe la posibilidad real de que el aquí quejoso participó en su comisión”, detalla la sentencia.
El ex tesorero goza de protección de la FGR por haber otorgado información para acusar a Javier Duarte, la cual sirvió para que un juez de control los sentenciara a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) otorgó un criterio de oportunidad a Tarek Abdalá, evitando así que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, a pesar de que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.
Antonio Tarek fue denunciado por peculado, sin embargo, el Ministerio Público Federal resolvió que el delito que se le debía perseguir era uso indebido de atribuciones y facultades.