El abogado Juan Collado fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras comía en restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2019.
La orden de captura contra el abogado fue por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, en los últimos cuatro años otros procesos se han abierto en su contra, algunos de los cuales se han cerrado y otros hasta han involucrado a otros personajes públicos como el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
Uno de estos procesos que se abrió en 2021 fue por el gobierno de Chihuahua, por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos en su perjuicio, pero éste fue cancelado un juez federal tras interponer un amparo.
Óscar Gregorio Herrera Perea, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia Culiacán, Sinaloa, determinó que el delito de peculado que se le imputó al litigante no se configura, porque no era servidor público.
Previamente, una juez federal rechazó otorgar un amparo al abogado Juan Collado, quien impugnó que la Fiscalía de la República pudiera solicitar información de sus cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin autorización judicial.
Caso Caja Libertad
Este martes, un Tribunal Federal otorgó un amparo a Collado Mocelo, sentencia que ordena dejar sin efecto la segunda acusación que la FGR realizó en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad, subsistiendo solo el señalamiento de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente consultado por MILENIO, el 5 de febrero de 2020, la FGR acusó al abogado de formar parte de una empresa a través de la cual se realizan transferencias financieras a España, Andorra, y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simulaba la compra de otras compañías.
La fiscalía consideró que Juan Collado “se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la pena mínima”, al tomar en consideración la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba al momento del hecho delictivo, “como un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”, circunstancias que lo obligaban a comportarse de distinta manera.
El litigante interpuso un recurso de revocación, bajo el argumento de que la fiscalía varió en su acusación los hechos materia de la vinculación a proceso.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Juan Collado en la FGR el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 millones, de 156 millones de pesos en 2015, producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
En un mes, la FGR integró una carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Sergio Hugo Bustamante Figueroa compareció en cinco ocasiones ante el Ministerio Público por periodos de 72 horas cada uno, presentado como prueba una averiguación previa que integró la Fiscalía General de Justicia de Querétaro en 2017.
El 4 de julio de 2019, la UIF de la Secretaría de Hacienda presentó una querella ante la FGR porque detectó operaciones atípicas en el sistema financiero por parte de Collado y cuatro personas más, lo que sirvió de base, junto con el testimonio del denunciante, para solicitar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
AMLO recomienda buscar reparación del daño
Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a Collado, preso en el reclusorio Norte por delincuencia organizada y lavado de dinero, que busque una reparación del daño, en vez de realizar una campaña contra ex funcionarios de su gobierno.
López Obrador consideró que la Fiscalía General de la República debe investigar al ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, después de que Juan Collado denunció que fue extorsionado por el ex funcionario.
Sentencia de 15 años de prisión para socio de Collado
Un juez federal sentenció a 15 años seis meses de prisión a José Antonio Rico Rico, quien era parte de la sociedad financiera Caja Libertad y socio de Juan Collado Mocelo.
La FGR acusó a Antonio Rico de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Luego de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público Federal, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte dictó la condena e impuso dos mil días multa; suspensión de derechos políticos, amonestación, le niegan sustitutivos y beneficios de pena y se le condenó al pago de la reparación del daño de manera genérica. Lo anterior sucedió durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
La FGR acusó formalmente al abogado Juan Collado de formar parte de una empresa a través de la cual se realizaron transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simuló la compra de otras compañías.
Extorsiones de Scherer a Juan Collado
La Fiscalía General de la República señaló al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de formar parte de una organización delictiva, que, entre 2018 y 2021, trató de despojar de grandes cantidades de dinero al abogado Juan Collado.
Ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur, la fiscalía indicó que los abogados Juan Antonio 'N', César Omar 'N', Isaac 'N' y el asesor financiero David 'N', presuntamente se asociaron para delinquir contra el litigante que está preso en el reclusorio Norte.
"Ni Julio Scherer Ibarra ni los abogados podían tener negocios públicos ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ni ante la Comisión Bancaria y de Valores.
Julio Scherer y el resto carecían de personalidad jurídica para tramitar asuntos… no podía tener injerencia con las autoridades hacendarias ni penales… debió ser ético y no lo fue…", declaró el fiscal Manuel Granados Quiroz.
Ante esta situación, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los tres abogados y el asesor financiero, quienes presuntamente extorsionaron a Juan Collado y lo presionaron para que vendiera la empresa Libertad Servicios Financieros, a cambio de recuperar su libertad, porque lo querían obligar a pagar dos mil millones de pesos.
DMZ