La familia de Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, detenidos en Janos, Chihuahua, por presuntamente participar en la masacre contra la familia LeBarón, interpuso una queja administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal contra el defensor público que lleva el caso y su auxiliar, debido a que no les han proporcionado información en tiempo y forma sobre el proceso de defensa de los hermanos.
Héctor Mario y Luis Manuel fueron detenidos el 1 de diciembre en un operativo de la FGR, Sedena, Marina y Guardia Nacional, acusados de delitos contra la salud y posesión de cartuchos de armas exclusivas del Ejército.
Desde la detención, sus familiares han insistido en que son inocentes y que están siendo usados como chivos expiatorios.
Estefanía Hernández, hija y sobrina de los detenidos, ha encabezado las protestas contra la detención de sus familiares con bloqueos e incluso solicitando personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador revisar el caso.
En el documento enviado a la Judicatura, del que MILENIO tiene copia, Estefanía acusó que el defensor público federal, Juan Arando Ramos Vázquez y la auxiliar Paula Ojeda, no les responden los correos, llamadas y ahora se enteraron que el abogado del caso se fue de vacaciones.
Hernández acusó que el abogado de oficio, sólo se comunicó una vez con ellos por teléfono el 4 de diciembre, mismo día en que su tío y su padre fueron trasladados al Altiplano, para informarles que ya se había realizado la audiencia inicial y que necesitaba testimonios por escrito y pruebas como fotografías o videos.
En entrevista con MILENIO, Estefanía dijo que se las hicieron llegar, pero no saben si las pruebas fueron, efectivamente, presentadas ante el juez.
"Se le hizo llegar el correo con los datos que él pedía y ya no tuvimos respuesta de él, ya no supimos nada. Ni siquiera me contestó para confirmarme que había recibido los correos".
La familia y cuatro testigos presenciales tenían planeado asistir a la audiencia de vinculación a proceso el 14 de enero, pero no les permitieron abordar el vuelo.
Estefanía contó que elementos del Ejército ingresaron al aeropuerto de Ciudad Juárez y se les acercaron para tomarles fotos, ante esto, ella y los demás testigos salieron de la terminal.
Sin embargo, ese no fue el único contratiempo, al intentar abordar el vuelo, no se los permitieron debido a que sus pases de abordar "estaban congelados". El personal de la aerolínea argumentó problemas con el cargo a la tarjeta bancaria con que hicieron el pago.
Acusan detención ilegal
Estefanía Hernández asegura que tiene testigos presenciales, fotografía y videos que prueban que la detención de Luis Manuel y Héctor Mario fue ilegal
"Ellos dicen que los detuvieron en flagrancia sobre la carretera, entonces era nuestra intención con esos testigos comprobar que la detención había sido en el domicilio. Tenemos testigos presenciales que vieron cuando estaban los oficiales adentro del terreno, cuando estaban adentro del domicilio, cuando sacaron a mi papá, que lo subieron a la camioneta […] También tenemos todas fotografías del “cateo” que simularon las autoridades".
En la declaración de su papá y su tío sobre la detención cuentan cómo los elementos militares y de la FGR los detuvieron con agresiones verbales, físicas y burlas, además ambos refirieron que los militares les plantaron maletas con droga.
Desde el 15 de enero la familia Hernández no volvió a tener noticias del abogado, pues salió de vacaciones. Ese día, un juez federal vinculó a proceso a Héctor Mario, señalado como presunto jefe de plaza del grupo delictivo La Línea, en el municipio de Janos, Chihuahua, y a su hermano Luis Manuel.
Héctor Mario está acusado de delitos contra la salud por posesión de mariguana con fines de venta y por posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del ejército. Luis Manuel está acusado de delitos contra la salud por posesión de metanfetaminas.
A Héctor Mario se le dictó también la no vinculación a proceso por delincuencia organizada, único delito que lo vincularía al caso LeBarón, ya que tampoco están acusados de homicidio.
“Aquí no supimos los cargos oficiales. Con cualquier autoridad que yo hable los relaciona de palabra, pero sí, efectivamente en los cargos no hay ninguno””
La familia Hernández no cuenta con recursos suficientes para pagar un abogado particular, por lo que están juntando dinero con una rifa para que tengan una defensa adecuada y puedan acceder a la justicia, pues insisten que son inocentes.