En el juicio contra Emilio Lozoya debería llamarse a declarar a al menos 10 ex funcionarios públicos de alto rango, que están obligados a aclarar qué hicieron o dejaron de hacer ante los actos del ex director de Pemex, porque no pudo actuar solo, dada la estructura administrativa de la paraestatal.
Este solo hecho podría cambiar la historia de la impunidad en México, asegura la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro en su publicación “Juicio para Emilio Lozoya Austin”.
El argumento legal de la investigadora es que “Pemex se dirige y administra en forma conjunta y solidaria por el Consejo de Administración (órgano supremo de administración de la paraestatal) y por un director general. Por tanto, aunque Lozoya Austin es una pieza muy importante, junto con él tendrán que ser llamados a cuentas y responder por las acusaciones, lo que cada uno hizo o dejó de hacer, otra y otros ex servidores públicos del primer círculo del entonces presidente Peña Nieto”.
En su análisis, Navarro observa que los obligados a declarar son los integrantes del Consejo de Administración: Pedro J. Coldwell, secretario de Energía y presidente del Consejo; Luis Videgaray, secretario de Hacienda. También los consejeros de gobierno, nombrados por el presidente de la República: Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos; Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
Además deberían dar explicaciones los cinco consejeros independientes nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado: Jorge Borja Navarrete, actual consejero de Pemex y ex director general de ICA Fluor; Jaime Lomelín Guillén, consejero de Grupo Peñoles; Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor investigador del CIDE; Octavio Pastrana Pastrana, socio principal de Ictineo Infrastructure y expresidente de British Petroleum en diversos países; así como Alberto Tiburcio Celorio, expresidente de Ernst & Young.
“El caso no inicia ni termina con él y su eventual condena. Debido a su posición directiva en Pemex y a la red de personas en el servicio público y empresarios favorecidos, si habla y “cuenta la verdad” como publicó en su cuenta de Twitter el 10 de junio de 2019, y colabora con los juzgadores, podría ayudar a nuevos e importantes enjuiciamientos en contra de otros ex servidores públicos del nivel más alto y contratistas”.
Estas declaraciones y sujetar a Lozoya a un juicio, no a un procedimiento abreviado, son aspectos que dirán mucho sobre la justicia mexicana y la realidad sobre el combate a la impunidad.
“Sin duda, una monumental prueba al sistema de justicia que deberá esclarecer quién hizo qué y llevar a la recuperación del dinero. La Fiscalía y el Poder Judicial deben usar todas sus capacidades para enfrentar el juicio y conseguir condenas acordes a lo sucedido. El trabajo de las instancias de investigación debe servir para contestar bien y pronto, ¿quién o quiénes?: ordenaron, autorizaron y ejecutaron los desvíos. En otras palabras, quiénes integran la red que operó el mecanismo de desvío de recursos desde Pemex; ¿quiénes son los titulares de las cuentas donde se transfirió el dinero?, ¿en dónde está el dinero? Entre otras preguntas”, expone Fabiola Navarro.
Finalmente, la investigadora señala que las órdenes de aprehensión que dieron lugar a su captura lo acusan sólo de tres delitos: asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Pero habría que agregar a la lista otros delitos por hechos de corrupción entre ellos: ejercicio ilícito del cargo, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
bgpa