Desde la cárcel, los 12 policías federales sentenciados por el caso Tres Marías claman por justicia. Presos desde hace casi 10 años en un penal federal de Michoacán, la resolución de un amparo podría dejarlos en libertad pero, en más de dos años y medio, un tribunal no ha podido o “no ha querido” dictar sentencia, según denunciaron los ex policías en una carta enviada a MILENIO.
El 24 de agosto de 2012, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fueron atacados mientras circulaban por la carretera federal a Cuernavaca, en el tramo Tres Marías-Huitzilac.
La camioneta Toyota Land Cruiser en la que viajaban recibió 152 balazos; gracias a su blindaje, un marino mexicano que conducía el vehículo y los agentes de la CIA, Jess Hood Garner y Stan Dove Boss sólo resultaron heridos.
Los narrativa oficial explicó entonces que los estadunidenses eran conducidos a un “campo de tiro” de la Secretaría de Marina ubicado en el cerro del Capulín, municipio de Xalatlaco, Morelos.
Ese día, 14 “elementos operativos” de la entonces Policía Federal de Caminos llevaban a cabo el operativo denominado Tres Marías, el cual derivó del secuestro de un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ocurrido en la zona el día anterior.
En sus declaraciones ministeriales, los ex agentes de la Policía Federal aseguraron que sus superiores les dieron instrucciones para que, durante el operativo, se trasladaran en vehículos no rotulados y sin sus uniformes.
Aquel 24 de agosto de 2012, la camioneta con placas diplomáticas en la que viajaban los agentes de la CIA no se detuvo en un retén que los policías vestidos de civil habían instalado.
Eso originó una persecución y el posterior ataque al vehículo de la embajada estadunidense; la entonces Procuraduría General de la República dijo que los policías federales tiraron “a matar”; incluso uno de los agentes de la CIA se hizo el muerto para que dejaran de disparar.
“El operativo concluyó con resultados fallidos”, reconocieron en su carta 12 de los 14 policías federales que participaron en estos hechos.
Ese mismo día, los agentes de la PF, a cargo entonces de Genaro García Luna, fueron detenidos y posteriormente arraigados durante 76 días.
Casi tres meses después, el 16 noviembre de 2012, les dictaron auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daños en propiedad ajena.
Siete años después, el 17 de junio de 2019, la jueza Cuarto de Distrito de Morelos con sede en Cuernavaca, Griselda Saenz Horta, absolvió a dos de los 14 policías federales; al resto los sentenció a 34 años de prisión y a pagar la reparación del daño por la cantidad de un millón 810 mil 911 pesos.
“Dicha sentencia es por demás injusta, cruel e inhumana, ya que la juez no fundamentó y menos aún motivó dicha determinación aplicando la ley inexactamente en virtud de que no valoró adecuadamente las constancias, declaraciones, testimoniales y demás pruebas que integran la averiguación previa", consideraron en su carta los ex policías presos.
El mismo día de la sentencia apelaron el fallo, al tiempo que comenzaron a denunciar irregularidades en su caso como interrogatorios ilegales que les hizo personal del FBI o la violación a la cadena de custodia, pues la camioneta fue enviada, sin permiso de autoridad judicial, a Miami, Florida.
El 30 de octubre de 2019, el magistrado Mario Roberto Cantú Barajas del Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito en Cuernavaca, modificó la sentencia, reduciéndola a 12 años por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa; y cuatro más por el de daños en propiedad ajena.
El pago de más de un millón 800 mil pesos por reparación del daño fue ratificado.
Casi un mes después, el 26 de noviembre de 2019 se interpuso el primer amparo por uno de los ex policías federales; mientras que entre enero, marzo y septiembre de 2020 se promovieron el resto de amparos, en total son nueve.
En contraste, en diciembre de 2019, la defensa de las víctimas interpuso un amparo para que revocar la disminución de la sentencia sentencia y que quede firme la primera o incluso se condene a más años.
Todos los amparos se encuentran en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito de Cuernavaca.
En su misiva, los 12 ex policías recluidos cuestionaron que en ambas determinaciones se sentenció igual y "no se tomó en cuenta el grado de participación" de cada uniformado.
“Ya tenemos nueve años, ocho meses privados de nuestra libertad y tenemos el derecho a solicitar nuestra libertad condicionada por haber compurgado más del 50 por ciento de nuestra sentencia; sin embargo, la jueza Primero en Ejecución de Penas en la Ciudad de México nos manifiesta que dicho beneficio no lo podemos obtener porque los amparos no se han resuelto”, explicaron.
Es por ello, que los 12 ex policías pidieron al Poder Judicial de la Federación pronunciarse respecto a sus amparos, pues denunciaron que es irregular el tiempo que se han tomado para resolverlos.
“Estamos desesperados"…
DMZ