Luego que el pasado 22 de junio un Juez Federal ordenara al Juez del Fuero Común de Cholula que remitiera todos los expedientes sobre el accidente donde murió la gobernador Martha Erika Alonso, el legislador Rafael Moreno Valle, un asistente, el piloto y copiloto de la aeronave, hacia la Fiscalía General de República (FGR), se decidió separar el caso del senador del resto por lo cual se llevaría a cabo un doble juicio.
El pasado 25 de junio, a través de una audiencia virtual, el Juez Federal pidió de manera oficial tomar control sobre el caso correspondiente a la muerte del senador Rafael Moreno Valle, ello en fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fracción 1, inciso G, mismo que le faculta para dar resolución a la carpeta de investigación abierta desde el pasado 24 de diciembre del 2018.
El nuevo orden sobre la jurisdicción del caso referente a la muerte de la gobernadora, el senador y otras tres víctimas fue otorgado a las defensas de los señalados como presuntos culpables, luego de que los representantes legales de Ricardo Montiel, mecánico de la aeronave Agusta modelo A-109, perteneciente al estudio jurídico"Montalvo y Terrones", presentará pruebas y manifestaciones suficientes para declarar la competencia de la Federación sobre el caso.
Cabe destacar que esta resolución por parte del Poder Judicial constituiría, hasta el momento, en una infracción al Artículo 23 de la Constitución, el cual señala que: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene", según lo marca el escrito, lo cual destaca ya que hasta el momento existen 12 personas imputadas y, por lo menos, seis detenidos por este caso.
Dicho elemento podría ser usado por las defensas legales de los detenidos, quienes llevan casi seis meses en prisión en espera de una resolución por parte de las autoridades del estado de Puebla; sin embargo, cabe la posibilidad de pedir al Juez Federal invocar al principio de Continencia de la Causa, que señala que es preferible juzgar un caso en su totalidad y no de forma parcial para evitar contradicciones en la resolución final del caso.
Hasta el momento, al menos seis personas estarán en prisión preventiva justificada, entre las que se encuentran José Antonio Vázquez Torales, propietario de la firma Rotor Flight Services, quien permanece recluido en el penal de San Miguel; por su parte Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa e Israel Olguín Jiménez, empleados de dicha empresa, continuarán privados de su libertad en el penal de Huejotzingo.
Todos ellos siguen en espera de la resolución de un Juez del estado de Puebla, bajo el señalamiento de presunta responsabilidad en los delitos de homicidio a título de culpa, daño culposo en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.
AFM