La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Juan Peralta Alavez y a Carlos Guerrero Romero, ex directores de la División de Fuerzas Estatales de Oaxaca y del Noveno Agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata en dicha entidad, respectivamente, por su presunta responsabilidad en la balacera en el municipio de Asunción Nochixtlán, que derivó en la muerte de seis personas y 28 más lesionadas, en 2016.
Por este caso la FGR ha entrevistado a diversos ex funcionarios federales y locales, como Renato Sales Heredia, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), y al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Asimismo, en junio del presente año entrevistó al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con funcionarios federales, Juan Peralta fue detenido por presuntamente haber ordenado que, al operativo desplegado en Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, acudieran elementos armados. Mientras que Carlos Guerrero incurrió en supuestas omisiones durante el operativo, al no girar instrucciones adecuadas.
El 25 de septiembre, ante un juez federal, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), los imputó su probable responsabilidad por seis homicidios y por lesiones a 28 personas.
Los probables responsables solicitaron la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia continuará el próximo 30 de septiembre.
La FGR aseveró que ha realizado una intensa investigación con la coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr la práctica de cientos de diligencias ministeriales realizadas incluso en el lugar de los hechos.
La dos versiones del caso
El 6 de julio de 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa para determinar quiénes son los responsables de la balacera que dejó seis muertos y varios heridos.
En el sexenio pasado, la PGR aseguró que no pudo llevar a cabo las diligencias que tenía programadas en Nochixtlán, debido al amago que realizó el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de “vigilar” al personal de la institución.
El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se investigarían las dos versiones sobre los hechos de Nochixtlán para castigar a los responsables.
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Una de las versiones es que agentes de la Policía Federal y estatales arribaron con la finalidad de retirar un bloqueo carretero y dispararon contra los manifestantes. La otra versión indica que los policías fueron atacados primero por desconocidos, lo que derivó en un enfrentamiento.
La PGR prometió a las personas que resultaron afectadas que llevaría a cabo su pesquisa “con responsabilidad, con el apoyo de evidencia obtenida mediante procedimientos con sustento técnico científicos” y que resolverían con transparencia.
Lamentan proceso tardío en el caso
Los implicados, Juan Peralta, quien en 2016 se desempeñó como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal en Oaxaca, fue detenido en una colonia popular de la capital oaxaqueña mientras que Carlos Guerrero fue aprehendido en tránsito en el estado de Puebla y era uno de los agentes que estaban al frente del desalojo de un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas que mantenían cerrada un tramo de la autopista Oaxaca-México para exigir la anulación de la Reforma Educativa.
En tanto, el Comité de Víctimas de Represión de Nochixtlán, encabezado por Santiago Ambrosio, lamentó el proceso tardío en el caso, porque aún hay mucha gente, policías y mandos que cometieron abusos, excesos y asesinatos en contra del pueblo y siguen en la impunidad.
“Nuestra lucha ha sido larga, hemos protestado nos hemos movilizado, pero la justicia siempre llega de forma tardía”.
Dijo que entre sus exigencias, ante la FGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encuentra la lucha para lograr que toda la cadena de mando implicada en la orden de desalojo violento sea castigada, entre ellos Gabino Cué, Enrique Galindo, Renato Sales, Miguel Ángel Osorio Chong y el ex presidente Enrique Peña Nieto, pero "vemos que los jueces, los protegen, les brindan impunidad y ello molesta al pueblo y a los familiares de las víctimas, que no cesarán en su exigencia de justicia".
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