Para acusar formalmente a Emilio Lozoya Austin ante un juez por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó incluir en su narrativa los sobornos que dijo haber entregado el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a diversos actores políticos para la reforma energética del sexenio pasado.
Tales señalamientos derivaron en una denuncia presentada por Lozoya Austin que, hasta el momento, tienen en prisión al ex senador panista Jorge Luis Lavalle; prófugo al ex director de Pemex, Carlos Treviño; y a días de que sea imputado el ex candidato presidencial Ricardo Anaya.
En la acusación para buscar acreditarle los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por los que el Ministerio Público de la Federación pide 39 años de cárcel contra Emilio Lozoya, la FGR se centró en dos momentos: el primero, cuando Lozoya Austin pide a Odebrecht recursos millonarios para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la constructora brasileña entrega parte de lo solicitado.
El segundo, cuando, ya como director de Pemex, Odebrecht entrega a Emilio Lozoya, como soborno, 6 millones de dólares para obtener contratos de obra pública de la entonces paraestatal, en particular el de la refinería de Tula, contrato de obra pública PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 que le fue adjudicado a la constructora brasileña en febrero de 2014.
En concreto, la FGR acusa a Emilio Lozoya de haber recibido 10 millones 500 mil dólares entre el 20 de abril al 30 de noviembre de 2012, en un primer momento, y entre el 3 de diciembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014, en una segunda entrega, por parte de la compañía brasileña Constructora Norberto Odebrecht
“Mediante la utilización de las empresas identificadas como offshore vinculados al programa interno de la misma denominado División de Operaciones Estructuradas, para lo cual con conocimiento de su procedencia ilícita, con la intervención de terceras personas utilizó el sistema financiero mexicano”, consta en el oficio UIL-B-CG1-002/2022, del que MILENIO tiene copia.
De acuerdo con la FGR, para dispersar esos “recursos ilegales” que Lozoya Austin supuestamente recibió de Odebrecht, a través de su esposa Marielle Helene Eckes, adquirió el 31 de julio de 2013 una mansión ubicada en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
Se trata del lote 4 del Condominio Quinta Mar, por un precio total de un millón 900 mil dólares, de los cuales un millón 200 mil dólares fueron pagados mediante la transferencia bancaria del 5 de agosto de 2013 por la empresa de Emilio Lozoya, Tochos Holdings Limited.
La residencia, de casi mil metros cuadrados a orilla del mar, también ha sido vinculada al pago de sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA) a Lozoya Austin cuando fue director de Pemex, como parte del caso Agronitrogenados.
De acuerdo con la teoría definitiva del caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya, éste habría utilizado dinero que supuestamente le entregó la constructora brasileña para su disfrute personal, en particular para la compra de una mansión.
En contraste, la FGR no hace mención de los sobornos para legisladores, a fin de que fuera aprobada la reforma energética de Enrique Peña Nieto ni a entonces funcionarios del ramo energético como José Antonio Meade, José Antonio González Anaya o Carlos Treviño, como lo denunció Lozoya.