A un mes del asesinato de Antonio Monroy en el restaurante bar La Polar, ninguno de los trabajadores del establecimiento que participaron directa o indirectamente en el homicidio está detenido.
La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene pendientes por cumplimentar al menos cuatro órdenes de aprehensión, contra personas relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 8 de enero.
El sitio ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc sigue con sellos de clausura y bajo el resguardo de la fiscalía, mientras que las tres personas que habían sido capturadas por su presunta participación en los hechos están libres.
El pasado 16 de enero, un juez de control dejó en libertad a Román Ignacio “N”, jefe de valet parking de La Polar, quien fue detenido el por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a quien la fiscalía lo había acusado de tener responsabilidad en la muerte de Antonio Monroy, de 45 años.
El juzgador determinó que no había elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Su defensa legal acreditó que sí estaba en el sitio el día de los hechos, pero no participó en las agresiones contra la víctima.
Un día después del asesinato, la Policía de Investigación detuvo a otras dos personas, en un cateo al establecimiento. Se trata de Braulio Gerardo “N” y Óskar David “N”, trabajadores de “La Polar”, quienes ingresaron al sitio a pesar de que tenía sellos de las autoridades capitalinas.
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Ambos fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de quebrantamiento de sellos, ilícito por el cual el impartidor de justicia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sin embargo, hace unos días, abandonaron el reclusorio, después de que se les otorgó una suspensión condicional del procedimiento.
En entrevista para MILENIO, David Arellano, asesor legal de la familia de Antonio Monroy, comentó que entre las órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar son contra Sergio Gama, El Chiquilín, jefe de seguridad del restaurante y Carlos Gustavo “N”, elemento del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), quienes son requeridos por el delito de homicidio doloso.
“Consideramos que evidentemente, en los propios videos que ya son del dominio público, se ve que participa directamente tanto el supuesto jefe de seguridad, así como un elemento de la policía, son los participantes directos del hecho.
“Desde mi punto de vista la Policía de Investigación, a través de su área correspondiente, tendrá que cumplimentarlas. Yo creo que de un momento a otro se podría llevar a cabo el cumplimiento de dichas órdenes. Están fugados, lógicamente pues es labor de investigación para su localización, y para su captura, pero eso no quiere decir que no se vayan a cumplir”, apuntó.
El abogado añadió que al menos otros dos empleados del establecimiento cuentan con orden de aprehensión, pero por otros delitos, como encubrimiento o comisión por omisión.
“Los que no le permiten el acceso al acompañante, ahora víctima, que no le permiten acercarse al elevador, cuando es ingresada al elevador esta persona y privada de la vida. Hay un mesero y otra persona ahí, que está relacionada, que evidentemente también podría ser un posible encubrimiento, o en su caso también podría ser una comisión por omisión.
“Por ahí se ve en algún video que borran evidencia, echan agua al piso para retirar el charco hemático, independientemente de que pues obviamente, debieron de haberse practicado las pruebas de luminol para establecer si hubo sangre en el lugar”, explicó.
Respecto a Román Ignacio “N”, jefe del valet parking de La Polar que quedó en libertad, el abogado David Arellano señaló que podrían acusarlo de otro delito.
“El juez consideró que no tuvo una participación directa. Esto no quiere decir un auto de no vinculación a proceso, en ningún momento quiere decir que no se pueda volver a intentar en una nueva audiencia inicial, efectivamente volverlo a conducirlo a proceso.
“Sin embargo, por una clasificación típica diversa, que sería en este caso o comisión por omisión, no una acción directa por parte del entonces imputado en ese momento”, destacó.
El litigante agregó que se deberá fincar responsabilidad penal al establecimiento La Polar como persona moral, y consideró que, en el momento procesal oportuno, se podría llevar a cabo la extinción de dominio del restaurante.
“La acción que debe llevarse a cabo es una extinción de dominio, no hay otra circunstancia, evidentemente fueron empleados del lugar los que cometieron el hecho. Hay una responsabilidad también para persona moral, tienen que responder a la reparación del daño de manera integral, entonces, por lo tanto, en su momento procesal oportuno sí se va a llevar a cabo esa extinción de dominio”, añadió.
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