Ordenan liberación de Jesús Óscar Navarro Gárate, ex directivo de Segalmex

Un juez señaló que no hay elementos para relacionar al ex funcionario con un presunto desfalco de 400 mdp por la compra de productos lácteos.

Segalmex.
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Un juez federal ordenó la liberación del penal de máxima seguridad del Altiplano, de Jesús Óscar Navarro Gárate, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), debido a que no hay elementos para relacionarlo con un presunto desfalco de 400 millones de pesos por la compra de productos lácteos.

Fuentes cercanas al caso indicaron a MILENIO que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, también ordenó la liberación de Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconsa y Enrique Zamorano Solís, subgerente de Impuestos de Liconsa.

El único que fue vinculado a proceso fue Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante de la empresa Vicente Suárez 73.

Mencionaron que la audiencia tuvo una duración de 15 horas y culminó a las tres de la mañana de este martes; en ésta, José Joaquín Zapata Altamirano y Humberto Venegas, abogados de Navarro Garate, expusieron que no había elementos probatorios para sujetar a su cliente a un proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR), explicaron las fuentes, imputó a Jesús Óscar Navarro por la firma de cinco convenios de colaboración para el procesamiento de productos lácteos. Sin embargo, la defensa del imputado demostró que durante su gestión él solo tuvo conocimiento de tres de los cinco convenios, pero nunca intervino para firmar un finiquito.

En la audiencia se hizo patente, que Navarro Gárate ha estado colaborando con la FGR y que él fue quien denunció el desfalco de Segalmex de 142 millones 440 mil 883 pesos en agravio del organismo por la compra de azúcar. Pese a la resolución, la FGR aún puede impugnar la resolución a través de un recurso de apelación

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