El ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segrestre, promovió un amparo para evitar ser aprehendido por el presunto desfalco al organismo por 142 millones 440 mil 883 pesos, recursos que fueron destinados para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, las cuales no se entregaron.
Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías y concedió la suspensión provisional; asimismo, fijó una garantía de cinco mil pesos para que no pierda efecto la medida cautelar.
Pese a la suspensión, ésta no impedirá la captura de Gavira Segreste, porque la orden en su contra es por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; el primero de estos amerita prisión preventiva de oficio.
La suspensión solo servirá para que al momento en que sea detenido y recluido en un penal federal, su libertad personal quedé a disposición del juez de amparo.
El juez Veredín Sena solicitó a los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que rindan informes para conocer quién concedió la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR). El próximo 22 de marzo, el juzgador llevará a cabo la audiencia donde definirá si concede la suspensión definitiva.
Gavira Segreste enfrenta dos procesos: uno por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque en el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
El otro proceso tiene que ver con el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque se cree que firmó la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa.
Lo anterior, según la FGR, le permitió que del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones con recursos públicos, violando lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de Operaciones de Diconsa, fue aprehendido ayer por la FGR en Coahuila, por el desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos. Su detención se suma a la de ocho de 22 personas que se ordenó localizar y encarcelar por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
El resto de los aprehendidos son Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Diconsa; Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro, y Gonzalo Mora Nateras, quien presuntamente recibió recursos provenientes de la moral Servicios Integrales Carregín.
Laura Patricia Hernández, coordinadora de Control Presupuestal Liconsa; Simón Escobar Copca, jefe de Almacén de Diconsa en Querétaro; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregín; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe operativo de Diconsa en Querétaro, y de José Miguel Ojeda Antonio, administrador Único de Servicios Integrales Carregín.
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