Brenda Quevedo Cruz, una de las implicadas en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de no dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las que fue considerada como víctima de detención arbitraria.
A través de una demanda de amparo, Quevedo Cruz señaló que la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero ha sido omisa para establecer un mecanismo de reparación integral, debido a la violación a sus derechos humanos a causa de la difusión de su caso en medios de comunicación.
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Dijo que tampoco se han implementado las reformas legislativas para armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales en la materia, para evitar que este tipo de casos se vuelvan a repetir; además de que no han llevado a cabo un plan de trabajo coordinado con otras entidades de la administración pública federal, para entre otras cuestiones, inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas.
Por este motivo, Quevedo Cruz promovió un juicio de amparo, que aún no se admite a trámite debido a que un juez de amparo en materia penal y otro en materia administrativa se declararon incompetentes para conocer del asunto.
Cabe señalar que el pasado 25 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) adoptó la opinión 45/2020, notificada a México en septiembre del 2020, en la que consideró que Quevedo Cruz ha sido víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su proceso legal desde su detención, ocurrida en 2009, y hasta la fecha.
Por ello, solicitó su liberación inmediata, toda vez que consideró que las autoridades mexicanas no han justificado que en 11 años, la mujer permanezca detenida y en espera de sentencia.
AESC