La noche del 11 de junio, Juana Hilda González Lomelí abandonó los muros del penal femenil de Morelos. Llevaba 19 años privada de su libertad por su supuesta relación con el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, la cual se sostenía únicamente en confesiones emitidas bajo tortura y amenazas.
En una sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los ministros resolvieron que las declaraciones ofrecidas por Juana Hilda mientras estaba bajo arraigo carecían de validez, mientras que el resto de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para vincularla con el crimen resultaban insuficientes.
La condena de 78 años de prisión que Juana Hilda González recibió en 2011 fue revocada por las violaciones a sus derechos durante el proceso; sin embargo, varias personas siguen privadas de su libertad por el caso Wallace. ¿Quiénes son? En MILENIO te contamos.
La 'cacería' del caso Wallace
En febrero y marzo de 2006, María Isabel Miranda de Wallace colocó varios espectaculares en la Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero, para denunciar el aparente secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto.
Los anuncios exhibían los rostros y nombres de quienes Miranda de Wallace ubicaba como supuestos implicados, así como recompensas de hasta 250 mil pesos para quien ofreciera información sobre ellos. Para ese entonces, la oleada de detenciones por el caso ya había comenzado.
Hugo Alberto Wallace Miranda —cuyo nombre real es Hugo Alberto León Miranda— fue reportado como desaparecido el 11 de julio de 2005. Ante la denuncia, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició una averiguación previa que llevó a la captura de Juana Hilda González el 10 de enero de 2006.
Un par de semanas más tarde, el 23 de enero, agentes de seguridad de la capital mexicana detuvieron a César Freyre Morales, ex policía ministerial de Morelos. Según datos contenidos en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Freyre fue presentado ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hasta tres días después de su arresto.
El 7 de marzo, Isabel Miranda de Wallace y su hermano, Roberto, detuvieron a Alberto Castillo Cruz cuando salía de su trabajo sobre la avenida Reforma, en la Ciudad de México. Lo acusaron por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, lo golpearon y lo trasladaron a las oficinas de la SIEDO para que rindiera su declaración, según información recabada por el periodista Ricardo Raphael y por la CIDH. El hermano de Alberto, Antonio Tony Castillo fue presentado ante el Ministerio Público semanas después, el 24 de marzo.
Para esas fechas, Isabel Miranda de Wallace ya había acusado públicamente a Brenda Quevedo Cruz como una de las supuestas involucradas en el caso e incluso había ofrecido una recompensa de hasta 50 mil pesos por su localización.
Su familia, asustada por el alcance que tuvo la denuncia y convencida de que la joven no tenía relación con el crimen, la ayudó a salir de México. Brenda fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada el 25 de septiembre de 2009.
El último supuesto implicado en ser detenido fue Jacobo Tagle Dobín, arrestado en diciembre de 2010 por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Defensoría Pública pide excluir acusaciones contra otros procesados
De las personas investigadas por su supuesta relación con el caso Wallace, sólo Brenda Quevedo y Jacobo Tagle no han recibido sentencia.
En junio de 2024 ella obtuvo una modificación a su medida cautelar, ya que llevaba más de 15 años en prisión preventiva. Brenda pudo abandonar la cárcel, pero el proceso en su contra aún no ha sido resuelto.
Jacobo Tagle también continúa en calidad de procesado por el delito de delincuencia organizada, pero no se ha dictado ninguna condena en su contra. En 2021, la SCJN le negó un amparo con el que pretendía ser trasladado a una prisión de la Ciudad de México.
César Freyre Morales fue condenado inicialmente a 47 años de cárcel el 24 de diciembre de 2009 por el plagio de Hugo Alberto Wallace, pero en octubre 2011 se dictó una nueva sentencia en su contra, la cual ascendió a 131 años por secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
También en octubre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito estableció una condena de 93 años y seis meses de prisión contra los hermanos Alberto y Antonio Castillo. Los tres sentenciados han promovido juicios de amparo, los cuales se encuentran congelados.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), órgano que representa a los coprocesados por este caso, señaló que la reciente decisión de la SCJN de invalidar las declaraciones auto incriminatorias de Juana Hilda González debería tener efectos inmediatos en el resto de los imputados.
"En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas, por lo que deberán excluirse de forma inmediata", advirtió el IFDP a través de un comunicado.
BM.