Casi 40 acciones u omisiones del gobierno que violentan el estado de derecho, los derechos humanos, el sistema económico, el de seguridad y de la democracia es el recuento que hizo Causa en Común en su estudio “El asalto a la ley en 2020” presentado a unos días del Segundo Informe de Gobierno del presidente de México.
En este estudio presentado en plataforma electrónica, la organización hizo un análisis de posibles violaciones a diversos artículos constitucionales, y definió sus posibles impactos contra derechos humanos, la economía y el sistema democrático.
Algunos de los casos señalados en el estudio son el de las autoridades migratorias, la Guardia Nacional y autoridades locales que han hacinado a migrantes centro y sudamericanos, incrementando los riesgos a su salud en el contexto de la pandemia.
Otros ejemplos son el desabasto de medicamentos contra el cáncer o VIH/SIDA a pesar de las adjudicaciones directas de la SHCP; la reducción del 25% del salario de altos funcionarios de “forma voluntaria”; y el acuerdo de mayo del 2020, en el que el presidente dispone de las Fuerzas Armadas, sin atender la obligación de acotar su actuación a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que su participación debe ser extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada.
La investigación también reveló nueve acciones contra el sistema económico mexicano que han generado un entorno de incertidumbre para la inversión y la operación de los sectores económicos del país, con una creciente subordinación a las directivas del Ejecutivo Federal.
Mientras la pandemia y la crisis se han extendido y agravado, el gobierno federal ha dilapidado recursos en proyectos como un estadio de béisbol en Sonora o los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, y ha cancelado inversiones privadas de gran relevancia simulando consultas populares.
De igual manera, “El Asalto a la Ley en 2020” pone de manifiesto que contra la democracia se han presentado, al menos, cinco acciones que han atentado contra el sistema democrático del país. Como ejemplos destacados, se mencionaron el debilitamiento y la subordinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los ataques contra el Instituto Nacional Electoral. “Atacar a la CNDH y al INE es atacar al sistema de derechos que hoy define a nuestra democracia”, señala el estudio.
Para María Elena Morera, presidenta de la organización, la serie de reformas, actos e iniciativas que se enlistan en el estudio “representan una posible o probable violación a preceptos medulares de nuestra Constitución; si lo son o no, corresponde definirlo únicamente a jueces y magistrados”.
La activista se pronunció por defender y fortalecer el Estado de derecho, siempre con respeto irrestricto a la autonomía de los tribunales: “Lo que pretendemos es que no se pierda la visión de conjunto de los daños que muchas de estas acciones, probablemente inconstitucionales, le han hecho al país”.
También comentó que hoy, a México, “mucho ayudaría dejar atrás las obsesiones por el poder y la popularidad de distintos actores políticos, y centrar las energías en atender las distintas crisis que vivimos en materia de derechos humanos, seguridad, salud, economía y democracia”.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consideró que el ejercicio realizado por Causa en Común expone con claridad “no solo actos graves que se deben difundir, sino el daño al patrimonio institucional, al patrimonio de la democracia, al patrimonio económico, así como al patrimonio institucional y legal que se está causando en el país”.
Se pronunció por terminar con las cuatro vías que ha escogido el presidente para cometer este daño al país, que son “la vía jurídica, la captura de las instituciones, el estrangulamiento presupuestal y raspar la reputación de los órganos autónomos o de cualquier institución que ose oponerse al proyecto de la llamada cuarta transformación”.
Por su parte, Saúl López Noriega, profesor del CIDE y coordinador del “blog” El Juego de la Suprema Corte, de la revista Nexos, comentó que, dentro de la narrativa del actual gobierno, se pretende un cambio radical para desmantelar lo que ellos consideran un pensamiento neoliberal, pero “al ir concretando los cambios que desean, [observan que] no van con la radicalidad que ellos quisieran”, por lo que tienen que crear diversos acuerdos que llegan a los tribunales.
Consideró, además, que un asunto medular, será conocer si la Suprema Corte cuenta con “el capital político” para resolver la cantidad de asuntos legales que plantea la denominada “cuarta transformación”.
Al presentar este trabajo, los investigadores de Causa en Común manifestaron que se busca contribuir a que no se pierda la panorámica de la devastación legal, política, económica e institucional que ha padecido el país durante casi dos años.
bgpa